La comunidad educativa al completo, incluidos padres, profesores, alumnos y sindicatos, manifestó el lunes su rechazo a la Lomce -conocida también como ley Wert- y a la Ley de Tratamiento Integral de Lenguas -o de spanglish del Govern- pues se han elaborado «sin diálogo ni consenso» y, la segunda, sin dotarla recursos necesarios.

En un Club Diario que se quedó pequeño para acoger a las 250 personas aproximadamente que asistieron al coloquio, representantes de los distintos ámbitos -ninguno de la Administración, como criticó alguien del público que lamentó no oír sus explicaciones- expresaron su opinión sobre las normas, plantearon sus críticas y animaron a los asistentes a sumarse a la huelga de mañana y a la manifestación que se llevará a cabo a las 18 horas en Vara de Rey -en Formentera será a la misma hora en la plaza de la Constitució, en Sant Francesc-.

«Hace años no podía sospechar que la situación fuera a deteriorarse tanto», dijo el profesor Luis Orozco, encargado de abrir el coloquio. El docente, con muchos años de experiencia, recordó que en España se han hecho «muchas leyes y planes de educación» y todos con una cosa en común: «El cero consenso». «No ha habido un plan a largo plazo», agregó el profesor, que señaló que esto ha conllevado que en España el fracaso escolar esté en el 30% y los estudiantes, «a la cola» en las pruebas PISA.

Para paliar esta situación es necesaria, a su juicio, «una estrategia consensuada no solo desde el punto de vista político, también profesional y social», y que empiece en la raíz, que es la Educación Infantil y Primaria, algo que en su opinión no ofrece la ley Wert.

Según Orozco, esta norma, al contrario que sucede en Finlandia, que fue el ejemplo que puso, está hecha «desde la ideología» y por lo tanto no tiene futuro. «Nacerá para no poder desarrollarse», subrayó. Criticó que en lugar de potenciar la enseñanza pública desvía recursos a la privada a través de conciertos y subrayó que en vez de dar autonomía a los centros, instaura un modelo «centralizado y controlado políticamente». Del mismo modo, lamentó que establece la competitividad como principio en lugar de la excelencia «para que cada uno saque lo mejor de sí», y profundiza en conocimientos instrumentales y no en materias sociales, de Historia o de Filosofía. «Pero si hay instrumento y no materia, el primero no sirve para nada», agregó el docente, que abordó también la necesidad de dotar la enseñanza de recursos, priorizar al profesorado, «crear cantera y no jerarquizar y apartar a quienes no cumplen los objetivos» y dignificar la FP, que ha de ser «enseñanza de calidad».

A este respecto, Isabel Rosado, representante de los estudiantes, hizo hincapié en que a ellos también les preocupa la educación y creen que la norma que promueve el Gobierno no hará descender el fracaso escolar. «Deben pensarlo mejor, pues a este paso no habrá gente en los institutos», dijo.

Criticó una educación que favorezca la segregación por sexos, que en cuarto de ESO hace a los alumnos decidir por «la vía académica o profesional» -«quien tenga problemas de dinero irá a la segunda y no tendremos todos la misma base»- o que excluya materias como Historia o Filosofía en algunos currículos. «Lo que conseguirán es tener un rebaño de gente que no sepa con qué defenderse ni cómo» si no saben qué es una revolución, resaltó.

La estudiante también fue crítica con la cantidad de reválidas que tendrán que pasar y que cada universidad podrá decidir si son válidas o no, o con el hecho de que «los centros funcionen como empresas y el director establezca los requisitos y méritos para ser funcionario».

«Encontraremos familias metidas en los institutos y bajará el rendimiento», apostilló. Del mismo modo, resaltó que el consejo escolar «deja de ser un órgano de decisión para ser consultivo», de forma que lo que piensen «padres, profesores o alumnos no importará».

Precisamente la portavoz de los padres, Conchi Romero, presidenta de la FAPA, dijo que su mayor preocupación es «la falta de diálogo». «No podemos permitir que cada vez que cambia el Gobierno haya nuevas reformas», señaló, y destacó que hay 6.300 millones de razones para salir mañana a la calle, que es el dinero «recortado en Educación».

Desde CCOO, Toni Cardell incidió también en la falta de consenso y en que la norma separa entre estudiantes «académicos, que son los que seguirán hacia la universidad, y aplicados, que irán a trabajar». Por su parte, el representante de FETE-UGT, Xavier Llobet abordó la situación en que la nueva ley deja a los interinos: «Quieren desvirtuar las listas, hacerlas desaparecer, que los equipos directivos tengan la potestad para elegir al personal y hacer contrataciones a partir de empresas temporales», señaló-.

En cuanto a la implantación del trilingüismo en las aulas de Balears, los ponentes criticaron la falta de dotación y de recursos para llevarlo a cabo y el papel al que relega al catalán, que deja de ser una lengua vehicular.

«Si hay gente que no entiende la materia en castellano no sé cómo lo hará en inglés si ni siquiera aprueba el nivel básico de ESO», apuntó Rosado, quien consideró que esto hará aumentar el fracaso escolar en vez de reducirlo.

Por su parte, Romero señaló que los padres dicen «sí» a esta iniciativa, pero cuando se dote de los medios adecuados para aplicarla con calidad. «Tal como lo quieren hacer no nos parece adecuado. ¿Los alumnos están preparados para recibir las clases en inglés? ¿Y los profesores para impartirlas? No», señaló.

En la misma línea, Orozco apuntó que han hecho una ley pero se han despreocupado de la infraestructura necesaria para ponerla en marcha. Además, cuando una persona del público interpeló sobre el motivo por el cual los profesores que han estudiado inglés durante su etapa académica no son capaces de impartir clases en esta lengua, el docente, quien aclaró que él estudió francés, puntualizó que «dar clase no es emitir sonidos» y que «cuando se busca un objetivo serio hay que buscar también una preparación seria». «Cuesta mucho enviar mensajes a los niños, hay que prepararse en contenidos e idiomas, y eso no se ha hecho y no tenemos la culpa nosotros», agregó.

A su vez, Llobet, quien consideró que un curso de 120 horas no dará a los profesores el nivel de inglés necesario, hizo referencia a lo que la nueva norma supone para el catalán: «Relegarlo a una materia específica y bajarle horas». «Están metiendo una ideología lingüística en las aulas sin ningún argumento pedagógico», afirmó.

Durante el debate posterior a la charla hubo quien planteó la utilidad de la huelga, a la que llamaron sobre todo los sindicatos -con quienes fueron críticos también-, como herramienta de protesta. «Si a la huelga fuera no el 10% del profesorado sino el 100% quizás sí negociarían con nosotros y nos escucharían», contestó otra asistente.

El IES Isidor Macabich rechaza el trilingüismo

El claustro de profesores y el consejo escolar del IES Isidor Macabich manifestó ayer, a través de un comunicado, su «absoluto rechazo» al Decreto de tratamiento integral de lenguas del Govern porque, entre otras cosas, «ignora la realidad» con la que se trabaja en los centros, donde «buena parte de los alumnos» tienen dificultades en la expresión y compresión oral y escrita en catalán y castellano. «El aumento de horas en una lengua extranjera, en la que no tienen las mismas competencias de comunicación, y la disminución de horas en lengua catalana, no pueden favorecer la mejora de la competencia lingüística», señalaron.

También señalaron que a la hora de poner en marcha una iniciativa de este tipo es necesaria «una reflexión amplia en la que participe la comunidad educativa» y que esta no puede reducirse a «criterios matemáticos».

«Reivindicamos la autonomía del centro para desarrollar nuestro proyecto lingüístico, pues se diseña de acuerdo con las características del alumnado», apuntaron desde el centro, al tiempo que señalaron que, por su experiencia, pueden apuntar que el actual decreto impone «sin dotar de medios ni recursos a los centros», un tratamiento inadecuado de las lenguas «abocado al fracaso». redacción ibiza