El claustro de profesores del instituto Sa Blanca Dona firmó ayer un comunicado en el que expresa su total rechazo al proyecto legislativo del Govern para implantar el llamado «trilingüismo». Los docentes entienden que «se toma como punto de partida que los alumnos, al finalizar la Primaria, tienen el mismo nivel de competencia lingüística en inglés que en castellano y en catalán, lo cual es falso». «No solo no la tienen, sino que el currículum de Primaria no establece que la deban tener», por lo que «es difícil de entender que desde la conselleria se adopte una medida educativa que no tiene como punto de partida la estricta legalidad de lo que prevé la normativa».

Por otra parte, «subordinar la docencia de Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales al conocimiento del inglés implica olvidar que el objetivo principal de cada una de estas materias es lo que queda reflejado en la especificidad de cada uno de los respectivos currículos», añade el comunicado.

Los profesores de Sa Blanca Dona añaden que el Govern no ha tenido en cuenta la «inexistencia de recursos de todo tipo, incluida la propia falta de plazas suficientes en las escuelas oficiales de idiomas (que en el caso de Ibiza no cuenta ni siquiera con un edificio propio) para llevar a cabo con éxito este proyecto». Esa falta de medios, afirman, impedirá aplicar la nueva ley.

«Meros experimentos»

Asimismo, este cambio en el modelo educativo «no puede recaer, exclusivamente, en el colectivo de los profesores interinos» y, además, «no se debe confundir la innovación y la adecuación a las nuevas realidades sociales con meros experimentos». «Lo que está en riesgo es la correcta formación de los alumnos. Un experimento educativo insuficientemente valorado puede tener consecuencias difícilmente evaluables», señalan los docentes de este instituto, que piden que «se tenga en cuenta la opinión del colectivo de profesores, ya que constituyen una parte fundamental de la realidad que se pretende modificar, así como un ejercicio de responsabilidad por parte de los políticos encargados de llevar a cabo este decreto para que lo deroguen».