El PP ha votado en el Parlament en contra de la propuesta de la diputada de PSOE-Pacte Pilar Costa para pedir que las personas condenadas por corrupción política no se puedan indultar.
“La ciudadanía no puede tener la sensación de que los mismos responsables políticos acaban perdonando a los compañeros que han tenido responsabilidades políticas y han sido condenados”, ha argumentado la diputada socialista, autora de Proposición No de Ley defendida en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament.
Costa ha argumentado que la Ley del Indulto -de 1870- ha quedado anticuada y su reforma tiene que tener en cuenta las circunstancias de la realidad actual, donde son frecuentes los juicios y denuncias por corrupción política.
“Cuando la corrupción política está golpeando duramente esta comunidad autónoma, no podemos permitir que se indulten los delitos condenados en sentencia firme. La corrupción no puede quedar impune”, ha explicado.
Un registro civil público y gratuito
Por otro lado, la diputada socialista ha defendido una iniciativa para que el Parlament inste el Ministerio de Justicia a retirar la Reforma de los Registros Civiles que supone la privatización de un servicio que hasta ahora era público y gratuito.
Costa ha explicado que, con la modificación de la ley que propone el PP en las Cortes Generales, el registro quedará en manos de los registradores de la propiedad que cobran por sus servicios a la ciudadanía.
La emisión de certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, dejarán así de ser gratuitos.
Pilar Costa ha añadido que todavía es más escandalosa esta privatización porque el Gobierno de España invirtió 130 millones de euros la legislatura pasada en la modernización e informatización de todo el sistema del Registro Civil.
Se calcula que los registradores de la propiedad podrían ganar unos 180 millones de euros más al año por estas nuevas tasas y aranceles registrales que pagarán los ciudadanos españoles, si se llega a aprobar la ley.
