­La alcaldesa de Ibiza, Marienna Sánchez-Jáuregui, del PP, pactó personalmente con el grupo de comunicación Prensa Pitiusa unos pagos de 140.000 euros anuales, de los cuales 70.000 serían para el semanario y otros 70.000 para la televisión local TEF, y los abonos se prorratearían en doce meses. Sánchez-Jáuregui se ha negado reiteradamente hasta ahora a aceptar que ella misma era la responsable de este acuerdo, pero así se afirma en un informe sobre este asunto que ha elaborado el jefe de gabinete de la alcaldesa, Antonio Martínez Beneyto, y que presentó ayer a Sánchez-Jáuregui junto con su dimisión.

Martínez Beneyto formalizó por la mañana su «cese a petición propia» al considerar que «se han vertido opiniones injustas y falsas» hacia él por parte de sus «superiores jerárquicos», lo que supone una «falta de confianza» imprescindible para el ejercicio de sus funciones. La alcaldesa trató infructuosamente de evitar su marcha: «Me dijo que no iba a permitir que me fuera, que no creía necesario dimitir, pero mi decisión está tomada, la he presentado en el registro del Ayuntamiento y es firme», explicó ayer a Diario de Ibiza. Al comprobar que su decisión era irrevocable, Sánchez Jáuregui le pidió que continuara en el puesto hasta que se solucione este asunto, a lo que Martínez Beneyto accedió.

El caso de la financiación irregular al grupo Prensa Pitiusa se destapó el viernes 22 de marzo en la comisión informativa de Hacienda, al presentarse para un reconocimiento extrajudicial de deuda seis facturas de seis mil euros mensuales por «anuncios publicados» en un semanario que no ha tenido ninguna inserción publicitaria del Ayuntamiento. La interventora emitió un informe en el que alerta de la irregularidad del procedimiento de contratación y se opone a los pagos.

La alcaldesa, varios concejales de su equipo de gobierno y técnicos municipales dedicaron casi toda la mañana de ayer a abordar la situación. En estos encuentros participaron también las dos personas que avalaron con su firma las facturas irregulares: la segunda teniente de alcalde, Lina Sansano, y el jefe de gabinete de la alcaldesa, Martínez Beneyto; la portavoz del equipo de gobierno, Pilar Marí, y en algunos momentos estuvo presente el segundo teniente de alcalde y responsable de Economía y Hacienda, Juan Daura. También lo hizo el secretario accidental y más tarde la interventora.

El gobierno municipal no quiso proporcionar ninguna información sobre lo tratado y se limitó a hacer pública una nota de cinco líneas en la que anuncia que «realizará las oportunas declaraciones» cuando reciba los informes que ha solicitado a los servicios jurídicos y de intervención del Consistorio.

Según fuentes municipales, la alcaldesa trata afanosamente de conseguir un informe jurídico que permita justificar, aunque sea mínimamente, las irregularidades puestas de relieve hasta ahora en el proceso de contratación, facturación y pagos a la editora de Prensa Pitiusa, o de ganar tiempo para que la empresa pudiera retirar las facturas y buscar otra forma de justificar los pagos.

Una de las fórmulas barajadas pasaría por forzar la interpretación legal para considerar que las informaciones publicadas y presentadas como justificantes entran en el concepto de publicidad institucional que define la ley balear de publicidad institucional, aunque cabe recordar que el concepto facturado es por «anuncios» publicados y que tampoco se cumplirían los demás requisitos que exige la citada ley. Esta solución no justificaría tampoco la fragmentación irregular de un contrato verbal para eludir los procedimientos de contratación legalmente establecidos.

Debilidad política

La posición de Sánchez-Jáuregui tanto en su grupo municipal como en el seno del PP es de extrema debilidad. Sus ataques contra el primer teniente de alcalde, Juan Daura, para desviar su propia responsabilidad se consideran en la dirección insular del PP como «una gran torpeza», porque provocaron la réplica de Daura y pusieron de manifiesto nuevamente la profunda división que existe en el equipo de gobierno.

Los dirigentes del PP ibicenco consultados por este periódico ven con mucha preocupación la incapacidad de la alcaldesa para hacer frente a esta nueva crisis y reconducirla con éxito. Si Sánchez-Jáuregui no logra un informe jurídico «que diga que esas facturas son legales» y no retira el reconocimiento extrajudicial de las deudas a Prensa Pitiusa del orden del día del próximo pleno, puede encontrarse con el voto en contra no solo de toda la oposición, sino también de varios concejales de su propio grupo, entre ellos los dos del PREF y Daura, que ya ha dicho que no piensa apoyar el pago de unas facturas irregulares porque cree que de ese voto podrían derivarse responsabilidades penales. La oposición también aprovechará este caso para intentar poner contra las cuerdas a la alcaldesa en el pleno del lunes.

Al propio tiempo, responsables municipales del PP en todos los ayuntamientos de Ibiza han comenzado a coordinar su actuación para justificar las desproporcionadas cantidades que pagan anualmente a los medios del grupo Prensa Pitiusa en perjuicio de los que tienen mayor difusión en la isla.