­El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobará mañana en pleno el secuestro de la concesión del aparcamiento subterráneo del Passeig de la Pau «debido a los incumplimientos por parte de la empresa gestora respecto a los términos de la concesión». La Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que se adjudicó la concesión, Subsuelos Urbanos S.L., lleva meses sin pagar a sus trabajadores y a finales de 2012 Endesa incluso cortó el suministro eléctrico a las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el procedimiento ahora iniciado no es un rescate ni una finalización avanzada del contrato sino que simplemente, el Ayuntamiento contratará un interventor para asumir la gestión del día a día y garantizar el buen funcionamiento del servicio. En un comunicado, Santa Eulària indicó que este interventor determinará también la ejecución de las actuaciones previstas en el contrato de concesión y no realizadas por la empresa. El equipo de gobierno apunta que este secuestro no tendrá coste alguno para los contribuyentes, ya que «el dinero para el gasto corriente y para las intervenciones extraordinarias saldrá de los ingresos que genere el propio aparcamiento y de la fianza que en su día abonó la UTE para hacerse con el contrato de construcción y gestión del parking».

Según explicó ayer el concejal de Obras de Santa Eulària, Mariano Juan, no existe un estudio actual de cuáles son los ingresos que genera este aparcamiento, pero si fueran insuficientes para pagar las nóminas del personal, los gastos de luz y agua y las mejoras necesarias se recurriría a la fianza, que cifró en, aproximadamente, 350.000 euros.

El aparcamiento subterráneo se construyó en 2010, tiene una capacidad de 425 plazas y el plazo de la concesión es de 99 años. La vigencia máxima del secuestro es de tres años, plazo que el Consistorio pretende agotar aunque, según Juan, no se cierran a ningún escenario y estarían dispuestos a devolver la concesión si la UTE demostrara tener la solvencia financiera necesaria para gestionarla. El equipo de gobierno tiene previsto contratar a dos interventores externos. Uno de ellos se haría cargo de la gestión económica del aparcamiento y el otro de la ejecución de las mejoras necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato de concesión. Juan asegura que la deuda de siete millones que, según indica la oposición, pesa sobre la concesionaria no se traslada ni afectará en modo alguno al Consistorio.

Proveedores y entidades financieras deberán seguir reclamando a Subsuelos Urbanos y Santa Eulària no abonará cuota alguna de préstamos pendientes.

«Secuestro de mutuo acuerdo»

El edil asegura que en ningún momento se pondrán en peligro las arcas municipales. Ni siquiera en el supuesto de que transcurran los tres años de secuestro y la UTE siga sin estar en condiciones de cumplir el contrato. En ese caso se resolvería la concesión. Aunque resultara que el Ayuntamiento tiene que indemnizar entonces a la constructora, esa cuantía se descontará de las condiciones y mejoras contempladas en la concesión y no ejecutadas.

«El Ayuntamiento solo gestionará el día a día temporalmente, ni los beneficios ni las pérdidas le corresponderán sino que seguirán siendo de la empresa intervenida», aclaró el edil.

Sobre la posibilidad de que el Consistorio tenga que acabar ejecutando embargos sobre los bienes del administrador de Subsuelos Urbanos S. L., Juan señaló que el Ayuntamiento «actuará primero sobre las propiedades de las empresas que conforman la UTE». En cuanto a la reacción de la concesionaria ante el secuestro, el responsable de Obras apunta que su gerente llegó a plantear como solución «un secuestro de mutuo acuerdo». «Un secuestro no se pacta, un secuestro es un secuestro y puntó», afirmó rotundo el edil.

Tras ser aprobado por el pleno, y una vez transcurrido el plazo máximo de 20 días que el concesionario tendrá para presentar objeciones o solucionar las deficiencias detectadas, el secuestro se hará efectivo a mediados de abril.

Las deficiencias e incumplimientos detectados están relacionados con la ventilación, el suministro eléctrico, la señalización y otras instalaciones complementarias. Además habrá que resituar algunas plazas y también se han detectado problemas en la evacuación de líquidos y en la pendiente de alguna rampa. El Ayuntamiento asegura que subsanará todos estos asuntos, pero siempre con cargo al concesionario.

La bolera, la fuente y el resto de infraestructuras incluidas como mejoras en el proyecto del aparcamiento no son una prioridad para el Ayuntamiento, que pretende centrarse únicamente en garantizar el funcionamiento del aparcamiento.

A pesar de que la concesionaria ha incumplido las condiciones del contrato desde la entrada en funcionamiento del aparcamiento, el Ayuntamiento ha tardado casi tres años en anunciar el secuestro. La decisión se ha tomado semanas después de que los trabajadores de la empresa empezarán a denunciar públicamente su situación. Sin embargo, Juan asegura que estos hechos no están en absoluto relacionados y que el equipo de gobierno ya creó una comisión de seguimiento del aparcamiento hace dos años y lleva meses enviando a la empresa requerimientos , aunque el corte del suministro eléctrico en 2012 fue lo que aceleró el proceso.

La oposición: «Subsuelos tiene una deuda de 7 millones»

PSOE-Pacte mantiene sus reservas respecto al secuestro y advierte de que conllevaría para la institución una carga económica de siete millones de euros: «La empresa tiene 1,7 millones de deuda a terceros reconocida y 5,3 millones en un préstamo bancario», señaló ayer el edil José Luis Pardo.

Según indicó tras asistir ayer a la comisión del pleno en la que se abordó la situación del ´parking´, Subsuelos Urbanos muestra una actitud beligerante y contraataca amenazando al Consistorio con querellarse contra él, táctica que ya empleó anteriormente con el Ayuntamiento de Sant Antoni aunque la demanda no llegó a ser redactada.

«Lo más fuerte es que la empresa concesionaria amenace con emprender acciones legales contra el Ayuntamiento por incumplimiento de la ley de contratos públicos. Es muy grave que una concesionaria que está incumpliendo desde el primer día con todo lo que se firmó diga ahora que va a tomar medidas», indicó.

Al parecer, la alcaldía encargó una auditoría para revisar el servicio de aparcamiento y su situación financiera en el verano de 2011, un año después de que se abriera, y el pasado mes de enero la comisión de asuntos del pleno formuló una propuesta de resolución del contrato a la que el concesionario no dio respuesta. Tras la suspensión del suministro eléctrico en diciembre se contrató a un ingeniero que el 25 de febrero presentó el estudio de deficiencias. El 13 de marzo el concesionario entregó un análisis de las mismas en el que estimaba necesario un mes para subsanarlas. Posteriormente, tras manifestar su disconformidad con la denuncia de incumplimiento, propuso un «secuestro de mutuo acuerdo». Ante este panorama, un informe jurídico del día 23 concluye que es procedente secuestrar la concesión, algo que se aprobará mañana y se notificará al concesionario dándole un nuevo plazo de subsanación, sin perjuicio de imponer sanciones con arreglo al pliego de condiciones.