El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Ignacio Rodrigo, del PREF, advirtió ayer a los propietarios de las vallas publicitarias instaladas en el municipio de Vila, a los dueños de los terrenos en los que se ubican y a los anunciantes que las utilizan de que el Ayuntamiento ha decidido hacer cumplir la legalidad y actuar con contundencia, tras constatar que ninguna de las instaladas cuenta con autorización.

De ser cierta la advertencia de Rodrigo, el Consistorio retirará la práctica totalidad de las vallas publicitarias existentes en el municipio, ya que, según indicó el edil, no se ha encontrado ni una sola autorización para una de estas instalaciones en los archivos del Ayuntamiento. El concejal convocó ayer una rueda de prensa en su despacho para dar a conocer un informe de la Policía Local que acaba de recibir y en el que se enumeran más de 150 vallas. Rodrigo mostró además un plano adjunto a este documento en el que todas ellas aparecen señaladas y aseguró que el informe todavía no está terminado, puesto que falta identificar y enumerar todas las vallas del centro de la ciudad, por lo que avanzó que las instalaciones denunciadas finalmente serán más de 150.

El político del PREF insistió en que esta medida no tiene «afán recaudatorio», puesto que, dadas las prohibiciones contempladas en la normativa en vigor, «muy pocas» instalaciones podrán legalizarse, puesto que no reúnen los requisitos señalados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2009 o la ordenanza específica sobre publicidad aprobada en 2010. También admitió que es muy probable que, una vez que los expedientes de infracción urbanística estén en marcha, el Ayuntamiento se encuentre «bastantes prescripciones», ya que según apuntó este tipo de irregularidad prescribe a los ocho años. Lo que no pudo precisar es si esta prescripción supone que las sanciones no son aplicables, aunque el elemento urbano objeto del expediente sea retirado. «Unas se podrán legalizar y otras no, habrá que mirar caso por caso», indicó.

Lo que este edil quiere hacer saber a los responsables de estos soportes es que el Ayuntamiento está actuando, que la Policía está elaborando un informe y que en cuanto esté terminado se iniciaran los correspondientes expedientes de infracción urbanística. «Quien tenga una licencia legal, que a nosotros no nos conste, que traiga sus papeles y será bienvenido. Quien no la tenga legal que sepa que va a tener que asumir las consecuencias de sanción y de pérdida de inversión», señaló. «En nuestro municipio se va a hacer cumplir la ley», añadió, dejando abierta la incógnita de qué harán otros ayuntamientos en cuyos términos también abundan este tipo de vallas.

Próximas notificaciones

«Ahora Urbanismo nos tiene que aclarar de quién es cada terreno y quizás nos encontremos con que alguno es público, que ya sería rizar el rizo», matizó.

Rodrigo explicó que su cruzada contra las vallas comenzó a raíz de una petición de instalación realizada el año pasado y que finalmente fue denegada. A partir de ese momento se empezó a investigar en qué situación se encontraban el resto de las vallas, se solicitaron informes al Consell de Ibiza, se buscó un registro de licencias que nadie supo encontrar y, finalmente, a principios de 2012 se encargó a la Policía Local un informe que está a concluir. «Como nadie ha sido capaz de encontrar licencias, doy por hecho que no las hay, pero todavía dejo la puerta abierta a que alguien aparezca y demuestre que tiene una valla autorizada en 1980 porque la legislación en aquella época lo permitía. Haremos copia e investigaremos por qué ese papel no está en nuestros archivos», indicó.

«El siguiente paso es que el departamento de Urbanismo defina quiénes son los propietarios de esos terrenos. Entonces notificaremos a los anunciantes y propietarios de terrenos y vallas, porque es cierto que hay una empresa [Ibiza Publicidad] que tiene la mayoría [de las vallas], pero también hay particulares», precisó y añadió que se tramitarán simultáneamente los expedientes sancionadores y los de infracción urbanística, que son los que conllevan el desmantelamiento de estos elementos. «Cualquier valla de este tipo necesita un proyecto y que un técnico diga si es segura. Está muy regulado, no puede ser que cada uno decida instalar algo donde y cuando le apetece», denunció.

Matizó también que el expediente será mucho más rápido en las vallas que se encuentren en terreno público, porque se tratará de un «desahucio administrativo». En el resto de casos, vaticina recursos y expedientes largos, de manera que es poco probable que las vallas se hayan retirado este verano. «No encuentro una explicación de cómo hemos llegado a esta situación. No soy yo quien debe responder, llevamos aquí dos años», concluyó.