Ibiza , la isla de las discotecas, con un número de salas de fiestas y similares que supera holgadamente el centenar -según los datos de la propia patronal del sector- y en las que todos los veranos se desarrollan centenares de fiestas multitudinarias, no cuenta con controles sistemáticos -ni siquiera periódicos- de los aforos de estos locales por parte de los respectivos ayuntamientos, que están legalmente obligados a ello.
Según han confirmado los tres ayuntamientos ibicencos en cuyo territorio funcionan discotecas -Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep- durante 2012 no se realizaron controles periódicos de la afluencia de público a estos locales, ni siquiera a los más grandes, que reciben a millares de personas todos los días durante los meses de verano. Aunque sí se suelen realizar inspecciones de sus sistemas de seguridad, solo de forma esporádica -en cinco ocasiones entre los tres municipios citados- se realizaron controles de aforo, uno de los aspectos más sensibles para garantizar la seguridad de las personas. De esas cinco inspecciones, en cuatro se comprobó que se superaba la capacidad permitida en el local, pero, a pesar de ello, nunca se ordenó la paralización cautelar de la actividad ni se impuso sanción alguna, y solo se optó por abrir expedientes que todavía siguen sin resolverse.
En el municipio de Sant Antoni, que cuenta con dos de las discotecas de mayor renombre internacional y mayor afluencia de clientes, el Ayuntamiento ya admitió hace unas semanas, a preguntas de este periódico, que no realiza controles habituales de los aforos y confía tal responsabilidad a las propias empresas. El equipo de gobierno se limitó a aludir a la falta de medios suficientes y a la previsión de mejorar la situación la próxima temporada. Como consecuencia de esta situación, no se impuso ninguna sanción a ningún local por este concepto, «lo cual no quiere decir que en algún momento determinado se superasen» los aforos, admitía el Ayuntamiento.
Sant Josep
Más grave aún es la situación en el municipio de Sant Josep, que cuenta con varios locales cuyo aforo es superado holgadamente durante todo el verano y, teniendo conocimiento de ello el Ayuntamiento, sigue tolerando estos hechos sin cerrar ninguno, pese a que la ley le faculta para ello. Se trata de negocios que han sido reiteradamente denunciados por la Asociación de Discotecas de Balears por no tener los permisos necesarios, uno de ellos en la carretera de Ibiza a Sant Josep y el otro, en la de Sant Jordi a ses Salines.
Al margen de estos locales en situación irregular, el municipio cuenta con salas de fiesta de gran tamaño y con capacidad para grandes multitudes.
«No se realizan»
Pese a que todos los veranos se mueven por estos locales millares de personas, «no se realizan inspecciones periódicas de aforo», confirmó la semana pasada por escrito a este periódico el Ayuntamiento de Sant Josep. Pero incluso cuando la situación es tan flagrante que, a raíz de denuncias, acude la Policía Local a hacer una comprobación y constata que, efectivamente, se supera el aforo, tampoco en ese caso se ordena el precintado de los equipos o el cierre cautelar del local, como estipula la ley. La Policía Local, este verano «detectó un exceso de aforo evidente en dos ocasiones», admite el Ayuntamiento, pero se limitó a abrir sendos expedientes que, por cierto, aún no han dado lugar a sanción de ningún tipo.
«No se han realizado inspecciones específicas para comprobar el cumplimiento del aforo autorizado. La policía comprueba el aforo cuando visita los locales por cualquier causa», reconoce el equipo de gobierno, que destaca que si en 2012 solo se abrieron dos expedientes «en 2011 y en 2010 no se abrió ninguno», en alusión a la época de gobierno progresista.
Los ayuntamientos recalcan en todo momento la responsabilidad que asiste a las propias empresas para que eviten la entrada de más personas de la capacidad legalmente asignada al local. Sin embargo, como confirma el equipo de gobierno de Sant Josep, las discotecas no remiten a los ayuntamientos ningún parte o informe con el resultado de estos controles internos, por lo que las administraciones ignoran en realidad qué sucede en dichos establecimientos.
Vila: sin controles en agosto
En el caso del Ayuntamiento de Ibiza, el equipo de gobierno afirma que durante 2012 realizó en total 27 inspecciones, que no solo incluyeron control de aforos sino que abarcaron todo tipo de actuaciones: excceso de horarios, ausencia de permisos, falta de medidas de seguridad antiincendios o exceso de aforos. Por este último concepto solo se abrieron dos expedientes sancionadores y ninguno de ellos ha concluido aún su tramitación.
Vila, según la documentación aportada por el Consistorio, no realizó inspección de ningún tipo en ningún local de ocio durante el mes de agosto, pese a tratarse del mes con más afluencia de turistas. En julio realizó solo cuatro controles y todos ellos dieron lugar a denuncias.
El Ayuntamiento afirma que la Policía Local realiza los controles de aforo siempre que efectúa una inspección de los elementos de seguridad del local. El control se hace «contando los clientes presentes en el momento de la inspección», cuyo número se contrasta luego con la capacidad autorizada.
La preocupación por la falta de controles públicos en salas de fiestas y otros locales que albergan elevadas cantidades de personas ha aumentado de forma considerable con motivo del accidente del Madrid Arena durante la fiesta de Haloween del año pasado, cuando murieron cinco chicas y hubo decenas de heridos al producirse una avalancha humana.
Las investigaciones policiales y judiciales que aún están llevándose a cabo sobre este caso ponen de manifiesto que hubo un incumplimiento del aforo legalmente autorizado, lo que habría contribuido a agravar la situación cuando se produjo el accidente.
