«Madrid somos todos». Así de tajante se muestra María Martín-Rabadán, médico de familia del derruido centro de salud de Can Misses y responsable de recabar firmas en defensa de la sanidad pública entre sus compañeros de Atención Primaria. Joaquim Seguí, cardiólogo, y Jesús González, intensivista de la UCI, impulsores también de esta iniciativa, asienten. En estos momentos un total de 213 facultativos (médicos y farmacéuticos) han firmado el manifiesto de apoyo a los profesionales que se manifiestan contra la privatización de la gestión de la sanidad en Madrid, 161 en el hospital y 52 en los centros de salud. Esto supone el 90 por ciento de los médicos de Can Misses y prácticamente el cien por cien de los centros de Atención Primaria de Es Viver, Can Misses, Vila, Sant Antoni y Santa Eulària. «Faltan las unidades básicas de salud, pero es un apoyo masivo», comenta la médico. Los tres aseguran que lo que está pasando en Madrid „«vender la sanidad pública», como definen la situación„ puede extenderse al resto de España, por eso consideran que hay que empezar a movilizarse, empezar a mostrar a la gente, a sus pacientes y usuarios, que pueden quedarse sin un servicio público de calidad que no antepone la economía a su salud.

Los tres están convencidos de que ahora que las empresas privadas no pueden obtener beneficios de la construcción de hospitales porque está prácticamente paralizada, se les ofrece tenerlos con la gestión de los centros. «Está claro que el modelo tradicional necesita unas reformas serias: tecnológicas, de recursos humanos, medicina preventiva, de atención sociosanitaria para ser más competitivo, pero de ahí a privatizarlo...», apunta Seguí. González destaca el caso del nuevo hospital de Ibiza: «Se construye por unos cien millones y con el sistema de concesión la empresa acabará recibiendo 700 millones». «Se está queriendo implantar un sistema sanitario que puso en marcha en Inglaterra Margaret Thatcher. Ellos lo están replanteando y nosotros vamos ahora y lo reproducimos», añade. «Experimentamos sobre fracasos conocidos», reflexiona Seguí.

Los médicos insisten en separar «la venta de la sanidad pública» de los conciertos que se puedan hacer con centros sanitarios y clínicas privadas. «Una cosa es que haya una gestión privada y otra es lo que está sucediendo en Madrid, que es vender los centros de salud a una empresa privada. Se despide a los profesionales, se vacían, y entonces se vende a la empresa privada que mejor pague», detalla Martín-Rabadán, que asegura que a partir de ese momento el objetivo de esas empresas es pagar menos a los profesionales, intentar contratar el menor número de personal posible y gastar lo mínimo en los pacientes para intentar obtener el máximo beneficio. «Evidentemente no es lo mismo que yo te trate aplicando un criterio científico que económico, escatimando pruebas y recursos porque la empresa tiene que sacar dinero de aquí», añade. «Se puede mejorar la eficiencia, se puede ahorrar en algunas cosas, los profesionales somos conscientes de la situación, pero de ahí a vender la sanidad pública...», insiste la médico de cabecera, que recuerda que los facultativos no han empezado a protestar ahora, sino que ya lo hicieron hace años, cuando comenzaron a construirse centros sanitarios que consideraban innecesarios. Ella ha estado en algunas de estas movilizaciones de Madrid. «Se te ponen los pelos de punta», confiesa.

Gestión sanitaria

Los tres temen que lo que los políticos están haciendo en Madrid pueda llegar a las Pitiusas. Seguí recuerda, además, la diferencia del gasto sanitario por habitante que hay entre comunidades. «En Balears es de 1.066 euros per cápita. En el País Vasco, 1.557 euros», indica. Los profesionales exigen transparencia absoluta a los gestores de la sanidad y, de hecho, reivindican que estos no tengan en cuenta únicamente la economía a la hora de tomar las decisiones. «El de si los gestores deben ser médicos o economistas es un debate muy árido y alguien se puede ofender o darse por aludido», aventura el cardiólogo.

Entienden que en estos momentos de crisis el peso de los economistas en la gestión sanitaria es importante, pero recuerdan que la atención a los pacientes está por encima del dinero. «La queja que tenemos los profesionales es que no nos dejan participar en esa toma de decisiones», critica Martín-Rabadán. «Podría mejorar mucho si nos dejasen», reafirma González. Reducir las bolsas de ineficiencia, una correcta evaluación tecnológica y un copago farmacéutico que obligue a abonar parte de los medicamentos únicamente a los que pueden son algunas de las medidas que propone Seguí. Además de que los enfermos crónicos no ingresen en un hospital de agudos (donde el coste de una cama por día es más elevado) sino en otros recursos sanitarios.

«Y la prevención», interrumpe la médico de cabecera. «El problema es que se piensa en medidas cortoplacistas, no en lo que puede significar un ahorro importante en unos años», aporta González. «Hay que potenciar la atención primaria», defiende Martín-Rabadán, que explica que hospitalizar a una persona supone un «gran gasto» y que si se pueden evitar estos ingresos mediante una buena atención en los centros de salud y una buena educación en hábitos saludables se podría reducir de forma considerable el gasto.

Para ella, la no atención a inmigrantes sin recursos no es, bajo ningún concepto, una opción para reducir el gasto sanitario. Es objetora. Sigue citando a sus pacientes. «Es que negarles la atención es anticonstitucional», apunta Seguí. «En Menorca han hecho un estudio del gasto que supone atender a esas personas y se ha visto que no era mucho», comenta la médico de familia, que está decidida a hacer este mismo análisis en Ibiza para demostrar que no se ahorra tanto y que se perjudica muchísimo a estos pacientes. «Esto es como cuando sabemos que en Estados Unidos hay 300.000 niños sin acceso a la sanidad. ¿Dónde vamos a llegar?», indica González, que insiste en que la verdadera manera de reducir el gasto es la prevención. «La obesidad, el tabaquismo...», murmura el cardiólogo. Los facultativos señalan que se llegan a cambiar fármacos para ahorrar un uno por ciento cuando lo que habría que hacer es reducir el riesgo cardiovascular de la población mediante programas de educación alimenticia, campañas para reducir el tabaquismo y fomentar la actividad física. «Pero eso es una inversión ahora que se notaría en unos años», matiza el intensivista.

Beneficios y accionistas

Martín-Rabadán defiende la calidad de la sanidad pública española recordando que incluso en comunidades en las que la sanidad privada está muy implantada, como es el caso de Cataluña, «los hospitales punteros son los públicos». Seguí, además, señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya afirmó en 2006 que la sanidad privada era más cara. «Hay que repartir beneficios entre los accionistas. Nadie invierte en esto sin esperar obtener un beneficio», abunda Seguí. «Además, nadie ha demostrado que la sanidad privada sea más barata que la pública», insiste Martín Rabadán.

Los médicos reiteran una vez más los peligros de que la sanidad pública quede en manos privadas. Jesús González sabe de qué habla. Ha trabajado en varios centros sanitarios privados. En uno, recuerda, apenas duró dos días porque no podía asimilar cómo se trataba a los pacientes. Habla, entre otras cosas, de drenajes infectados que no se cambiaban aunque fuera necesario, de negarse a trasladar pacientes a otros hospitales cuando era imprescindible para no perder ese dinero... Martín-Rabadán apunta algunas de las consecuencias que tendría privatizar la sanidad: en los hospitales, dar altas precoces para ahorrar en hospitalización, no poner el último modelo de prótesis en las intervenciones o reducir el número de médicos y enfermeras por paciente; en los centros de salud, pervertir las citas de los pacientes al pagar a los médicos por visita realizada. «Citas a un paciente, sobre todo si está bien, más veces de las que debes. En cambio, a otro que está peor y que necesita pruebas más caras lo citas menos veces porque no te compensa», ejemplifica. «En definitiva, menos seguridad para el paciente y una peor calidad de la sanidad», concluye el cardiólogo.

Los impulsores de esta campaña de defensa de la sanidad pública rechazan que estén haciendo esto por una cuestión económica. «Si el modelo al que quieren llevarnos es el americano, allí un médico cobra quince veces lo que yo», ironiza Jesús González. También niegan tajantemente que sea un movimiento político. «Entre los médicos que han firmado el manifiesto hay gente de todas las ideologías políticas», garantiza Joaquim Seguí, que asiente cuando se le pregunta concretamente si entre ellos figuran simpatizantes del PP. El cardiólogo acusa a los políticos de estar haciendo con la sanidad pública «algo que nadie comentó en las elecciones».

«La población debe entender lo que nos estamos jugando. Debe saber que, si pasa, se quedarán sin su médico», reitera Martín-Rabadán. Aunque de momento se han limitado a recoger firmas entre sus compañeros en defensa de la sanidad pública, no descartan iniciar otro tipo de actuaciones para implicar a la población.