La organización ecologista Amics de la Terra en Ibiza ha manifestado este lunes su rechazo a la modificación de la Ley de Costas aprobada el viernes por el Consejo de Ministros porque favorece a intereses privados en detrimento del bien público y pone en peligro la conservación de hábitats y especies importantes.

La entidad, que forma parte de la plataforma ibicenca "No a nuestra costa" que agrupa a 200 organizaciones sociales y ambientales, ha advertido en un comunicado de que la reforma de ley favorece los intereses privados en detrimento del bien público.

Según Amics de la Terra, la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones, posterga el problema de la ocupación privada de la costa para las generaciones futuras.

Considera además que la reforma supone una mayor degradación de la costa al reducir "peligrosamente" la protección del litoral que daba la antigua Ley de Costas y favorecer la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa, estableciendo un sinfín de excepciones sin justificación técnica.

Amics de la Terra ha advertido de esta situación pone en peligro la conservación de hábitats y especies importantes.

Sistemas dunares

Como ejemplo ha explicado que en Ibiza existen sistemas dunares situados a más de 100 metros de la costa y que no están en primera línea del mar en zonas como las playas de Comte, ses Salines o Es Codolar, y por tanto, no juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa.

Antes estos sistemas dunares contaban con una protección incondicional, pero en la ley reformada, solo se protegen las dunas si están en primera línea del mar y que juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa.

"Consideramos que es una reforma discriminatoria, arbitraria y huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general, vulnerando el espíritu de la Constitución de 1978, que declaró expresamente el litoral como dominio público al ver lo que había pasado en España con el desarrollo de los sesenta y setenta", señala la nota.

La organización ha criticado además el proceso de elaboración de la ley, porque considera que ha estado rodeado de falta de participación y oscurantismo, ya que la fase de alegaciones públicas solo se abrió a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y no a toda la sociedad.