En Ibiza hay gente dispuesta a ceder sus terrenos a otros que quieran trabajarlos como mínimo para mantenerlos y personas interesadas en trabajar el campo. Pero esto «no es nada nuevo», aseguró este viernes en el Club Diario la representante de la Associació de Productors d´Agricultura Ecològica Pitiusa (Apaef), Sonia Torres, sino que ya sucedía en siglos pasados.

El marco legal que regulaba las relaciones de unos y otros era el Derecho Foral ibicenco, que contempla la figura del majoral. Recuperarla «es una idea romántica que tenemos», admitió Torres en la conferencia dedicada a la custodia del territorio, en la que también participaron la ingeniera agrícola Raquel González, a cargo de la experiencia de Agropaisajes, y el conseller de Agricultura, Antoni Marí.

Torres citó el corpus jurídico foral para recordar que el acuerdo entre propietario y majoral es «un pacto en cualquier forma entre las dos partes», así que en él se pueden fijar compensaciones, un alquiler o cualquier otra condición. La resolución se debe comunicar «24 horas antes del último día del año en curso» y el majoral deberá dejar libre la explotación «antes de las 12 horas del 24 de junio», una fecha señalada con un sinfín de anécdotas en la memoria de muchos mayores de la isla, aseveró Torres, nieta ella misma de antiguos majorals.

En Apaef están sorprendidos tras recibir desde mayo, cuando abrió el Banco de Tierras, cerca de medio centenar de llamadas. En sus primeros meses de existencia han comprobado el interés de muchos propietarios por encontrar quien mantenga sus explotaciones, con lo que ya disponen de alrededor de 100 hectáreas buscando quien las cultive, igual que existe quien busca suelo agrícola para trabajarlo, en una relación de siete a tres.

El Banco de Tierras

Pero lo que debía ser «una base de datos» ha evolucionado con nuevos retos. Así, el Banco de Tierras busca asegurar que la relación entre el majoral y el propietario sea lo más duradera posible. Pero hay un problema: «Somos la primera generación que no ha tenido contacto con el campo a través de nuestros padres, no se nos ha transmitido este conocimiento», explicaba Torres, economista de formación. Y esto también le sucede al aspirante a agricultor, por lo que la entidad ofrecerá formación para que las nuevas explotaciones tengan garantías de supervivencia.

Apaef recalcó que en Ibiza y Formentera hay unas 10 hectáreas de producción hortofrutícola de agricultura ecológica -de las 450 dedicadas a este tipo de las Pitiusas, la mayoría de forrajes y cereal- gracias a la labor de «unos seis o siete agricultores». Pero la demanda de este producto de calidad y proximidad «no para de crecer», y Torres anima a apuntarse a una actividad «con rentabilidad potencial».

González, por su parte, explicó el programa Agropaisajes en el que han intercambiado sus experiencias con las islas canarias de La Gomera y La Palma dentro del Plan Leader de la Unión Europea. En Ibiza se han ocupado de establecer el «coste de mantener el paisaje» del campo, con todos sus elementos tradicionales. Y asegura que en alguna de las seis explotaciones estudiadas hasta la fecha se dedican hasta 6.000 euros anuales en conservar feixes, reparar paredes, roturar las tierras, etc. La técnico recordó que el paisaje es uno de los bienes más preciados en los destinos turísticos y que la actividad agraria «gestiona el 70% del territorio», con lo que mantener los campos es «un beneficio para el conjunto de la isla».

En EE UU desde finales del XIX

González presentó los distintos tipos de acuerdo para la custodia del territorio, una fórmula que se aplica en EE UU desde finales del siglo XIX. Estos se pueden aplicar a la conservación de una determinada fauna, «lo más habitual», o al mantenimiento de la actividad en el campo, de implantación más reciente en España. En 2008, según citó, se firmaron 706 acuerdos de este tipo con 85 entidades de custodia del territorio (que recogen este fin social en sus estatutos). En 2010 la cifra fue de 1.336 e intervinieron 130 agentes de custodia.

Por su parte, Antoni Marí repasó las causas que han llevado al abandono de la actividad agraria, entre las que destacó «el elevado precio de la tierra por presiones urbanísticas, el bajo nivel profesional y la casi nula rentabilidad» del campo.

Por contra, destacó el papel básico de la agricultura para frenar la expansión de las poblaciones y aumentar la producción de recursos en la isla, además de «asignaturas pendientes» como «articular esta producción con el sector turístico».