Pepita Gutiérrez defiende la licencia ilegal de su concejal pese al criterio del secretario

JOAN LLUÍS FERRER | SANT ANTONI ­La licencia aprobada el 29 de junio por el Ayuntamiento de Sant Antoni a su concejal Vicente Cabezas, del PP, que fue posteriormente declarada «no conforme a derecho» por el secretario municipal por haberse otorgado sin estar aprobado el proyecto de urbanización, «no es ni ilegal ni irregular», según aseguró ayer la alcaldesa, Pepita Gutiérrez.

En una rueda de prensa en la que compareció junto al concejal de Urbanismo, Pep Torres, y el propio secretario de la Corporación, Joaquín Granero, la alcaldesa atribuyó las noticias aparecidas sobre esta licencia ilegal a intentos de «tergiversar la información, manipular y acusar», por lo que no descartó «emprender acciones legales».

Gutiérrez defendió en todo momento la plena legalidad del permiso, a pesar de que el secretario corroboró en la rueda de prensa el contenido de su informe del 26 de julio, en el que concluye que el otorgamiento de la licencia «es contrario al ordenamiento jurídico», por lo que insta a anular ese permiso. Pese al inequívoco contenido del informe del secretario, la alcaldesa reiteraba en la rueda de prensa de ayer: «El informe del secretario no dice que sea ilegal».

Joaquín Granero no quiso responder explícitamente a la pregunta de los periodistas de si la licencia es legal o no –para ello «solo sería necesario aprobar el proyecto de urbanización», comentó–, y se remitió al contenido de su informe, que confirmó en todos sus términos y que declara ilegal el permiso, puesto que ese proyecto de urbanización aún no está aprobado.

Tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo se escudaron en el informe favorable emitido por el aparejador –que, jerárquicamente, está varios escalones por debajo del secretario y su competencia es solo técnica y no jurídica–, y señalaron que, «ante la discrepancia aparecida» entre ambos informes se pedirá auxilio al Consell para que «diga quién tiene razón».

El secretario había informado previamente a favor de la controvertida licencia, igual que el aparejador, pero con posterioridad reparó en la inviabilidad legal del expediente y emitió su segundo informe declarando ilegal la licencia y pidiendo su anulación formal.

Sin embargo, Pepita Gutiérrez no tiene previsto hacer caso al secretario –al que la ley otorga el papel de máximo garante jurídico del Ayuntamiento– y esperará la respuesta del Consell. También dejó la puerta abierta a que, mientras tanto, se apruebe el proyecto de urbanización.

Gutiérrez negó que esta actuación suponga una muestra de desconfianza hacia el secretario. «Tengo confianza en el secretario y también en el técnico», en alusión al aparejador.

En cuanto a que la licencia pedida por el edil del PP obtuviera informe favorable el mismo día en que presentó su petición al Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo aseguró que ello no demuestra «ningún trato de favor», dado que son «muchos» los ciudadanos de Sant Antoni que ven informada su solicitud el mismo día que la presentan. «Todos los ciudadanos sacan la licencia con la misma celeridad», afirmó Pepita Gutiérrez.

Se da la circunstancia de que el aparejador mencionaba como legislación aplicable la ley 7/12 sobre Urbanismo Sostenible del Govern balear, pero esta normativa entró en vigor después de que este técnico emitiera su informe. De hecho, el aparejador citó esta ley en un dictamen posterior que emitió cuando la licencia ya se había aprobado.