La defensa de la propiedad del bloque de apartamentos Residencial Vista Alegre, en sa Caixota, que fue derribado sin su consentimiento, ha cambiado de planes y finalmente no culpa a la alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí, Berris, y el concejal de Urbanismo, Javier Marí, por la demolición de la estructura del edificio. Pese a que inicialmente anunciaron que presentarían una querella contra ambos por un presunto delito de prevaricación (al hacer caso omiso a las comunicaciones en las que advertían de que se estaba echando abajo el Residencial sin su permiso), los propietarios solo apuntan en su demanda judicial hacia el presidente de la junta de compensación de la urbanización.

El abogado del Residencial Vista Alegre, Josep Lluís Ríos, argumenta que, tras analizar la situación, se optó por no incluir a los dos políticos en la querella (ya presentada en los juzgados, según dijo) al entender que «no participaron» en la decisión del derribo y, por tanto, «no tiene ninguna responsabilidad penal». «No es adecuado cargar las tintas contra el Ayuntamiento», apunta el letrado, quien apunta que no ha mantenido ningún contacto ni conversación con la alcaldesa para abordar esta cuestión.

A principios de julio, los propietarios recibieron un requerimiento del Consistorio, según Ríos, en el que les notificaba que tenían un plazo de dos meses para retirar los escombros del edificio derribado (se enterraron en el mismo emplazamiento). Ríos considera que con esta notificación el Ayuntamiento ha dado respuesta a sus escritos. Cabe tener en cuenta que la demolición se hizo sin licencia y, por ello, el Consistorio ha abierto un expediente de infracción urbanística a los propietarios.

Estos han presentado la querella contra el presidente de la junta de compensación de la urbanización por ser el que ordenó la demolición del inmueble sin su permiso. «El presidente no puede decidir solo el derribo porque el edificio le resulte feo», apunta el letrado de los afectados.

Los propietarios del Residencial Vista Alegre no retirarán los escombros a la espera de que el juez se pronuncie. Ríos informa de que en la querella no se reclama el pago de una indemnización, sino que «la junta de compensación asuma las consecuencias de la actuación irregular y la posible sanción», indica.