Las embarcaciones que realizan actividad de party boats verán intensificado el control que se ejerce sobre ellas en cuanto a número máximo de pasajeros que pueden llevar, el volumen de la música que se pone y el acceso a zonas protegidas o de baño, entre otras cuestiones, al tiempo que podrían ver revocado su derechos de amarre si se detecta un incumplimiento de la normativa en vigor.
Así se acordó ayer en la reunión celebrada en el Consell, a la que asistieron representantes de distintas instituciones y administraciones €Govern, Consell, Gobierno central, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria, consistorios y Guardia Civil€ para abordar la forma de regular una actividad que, según el presidente Vicent Serra, constituye «un problema que está creciendo» en la costa de Ibiza.
«Hemos podido constatar que es un problema que nos importa a todos», afirmó Serra, quien recalcó que en estas embarcaciones, en las que se organizan fiestas con música a alto volumen y se consumen grandes cantidades de alcohol, se dan situaciones «que pueden suponer un riesgo para los pasajeros», por lo que «es necesario acotarlo, regularlo de alguna forma».
El director general de Puertos del Govern balear, Antoni Deudero, indicó que ya se estaban realizando controles sobre las embarcaciones que, dijo, incluyen fiestas en su catálogo y no se dedican a ello en exclusiva. Sin embargo, en adelante se ha acordado intensificar la vigilancia, con la colaboración de todas las autoridades implicadas.
Por un lado, se controlará de forma exhaustiva tanto en el embarque en puerto €Ports de Balears o la Autoridad Portuaria junto a la Guardia Civil€ como en el mar €a cargo del instituto armado€ que se cumplen los aforos máximos permitido en los barcos.
También se vigilará que las embarcaciones no entran en zonas de baño de acceso restringido. «Hemos hablado de que algunos party boats fondeaban o paraban en zonas restringidas únicamente para el baño e incluso se podía dar el uso de motos acuáticas. En este sentido, Capitanía Marítima se ha propuesto hacer controles con la Guardia Civil para ver que se cumple la normativa y si no, se abrirán expedientes», explicó Deudero.
En cuanto al sonido «más allá de lo razonable», la Guardia Civil conjuntamente con los ayuntamientos perseguirá los excesos de ruido. A su vez, también el Govern, a través de la conselleria de Medio Ambiente, controlará que se cumplan las limitaciones de contaminación acústica en la zonas marítimas protegidas.
Asimismo, Deudero se refirió a la obligación de las navieras y empresas de comunicar previamente su actividad y resaltó que de los 13 party boats que de momento tienen censados, tan solo tres lo habían hecho. Por ello, dijo que se reclamará dicha comunicación «imprescindible», que supone aportar documentación que incluye, entre otras cosas, un seguro de responsabilidad. «Se incoarán expedientes para ver por qué no se ha hecho y si se constata, derivarán en sanciones», apuntó, que podrían ser económicas o llegar «incluso a la pérdida del derecho de amarre».
«Nuestra intención es llegar hasta ese punto si hace falta», sentenció Serra sobre revocar la autorización de amarre si se incumple la normativa actual. «Si a nivel medioambiental se considera que no debe haber actividad que ponga en peligro [una zona protegida] por contaminación acústica y se constata que las embarcaciones que hacen uso de fondeo o amarre lo incumplen, se podría retirar la autorización para hacer uso del amarre o incluso de la boya de fondeo», ejemplificó Deudero.
