La Plataforma por la Convivencia de Ibiza ha solicitado a la Defensora del Pueblo que investigue si es constitucional excluir del derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia o trabajo. La entrada en vigor, el próximo 1 de septiembre, del nuevo Real Decreto Ley 16/2012 de ´Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones´ contempla que los extranjeros sin permiso de residencia o trabajo perderán la tarjeta sanitaria y por tanto el derecho a la atención médica salvo en urgencias.
La plataforma, integrada por varias asociaciones de inmigrantes, presentó el viernes una queja a la Defensora del Pueblo contra del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la conselleria de Sanidad y Bienestar Social del Govern en la que solicita un estudio para determinar si la institución puede plantear un recurso de inconstitucionalidad contra este real decreto. La queja plantea la contradicción de esta normativa con el artículo 14 de la Carta Magna, que garantiza que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación», y con el artículo 43, que «reconoce el derecho a la protección de la salud».
La propia ley de Salud de les Illes Balears y la Ley Orgánica 4/2000 reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, en igualdad de condiciones que los españoles y exigiendo únicamente el empadronamiento en el término municipal en el que residen, recuerda la carta enviada a la Defensora del Pueblo.
El Govern ha anunciado una serie de medidas para contrarrestar la retirada de la tarjeta sanitaria a la población inmigrante en estancia irregular en Balears: propone la realización de convenios con ONG para la atención a inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia y que, a partir de la entrada en vigor del decreto ley, la atención a este colectivo sea solo por vía de urgencias sanitarias.
Ambas soluciones, según la Plataforma, no subsanan lo que va a suponer la entrada en vigor de la nueva medida, debido a que en Ibiza y Formentera no existe ninguna ONG que acepte suplir a la sanidad pública y además, ninguna de ellas cuenta con los recursos, infraestructuras y medios adecuados para ello. En cuanto a la segunda medida paliativa del Govern, que garantiza la atención en los servicios de urgencias, la Plataforma no cree que existan medios ni personal ni recursos, dinero o partida presupuestaria para que los servicios de urgencias puedan prestar una atención óptima. Además, las asociaciones advierten de que no existe ninguna directriz ni reglamento ni normativa en las urgencias ni en admisión hospitalaria para gestionar o atender a los inmigrantes sin papeles. Por ello, la Plataforma pone en duda que el 1 de septiembre estas propuestas sean viables, porque no ve que el Govern disponga de la planificación, medios y recursos económicos adecuados para su puesta en marcha.
La Plataforma solicita a la Defensora del Pueblo que emita una recomendación para que se suspenda la aplicación del Real Decreto 16/2012 hasta que alguno de los dos puntos anteriores se resuelva y evitar así que se margine a la población de inmigrantes de Balears en situación irregular.
El escrito advierte de que 15.000 inmigrantes podrían verse afectados por esta normativa en Balears, 2.000 de ellas residentes en Ibiza.
