El portavoz del Sindicato Médico de Balears en las Pitiüses, Nacho Fernández, alertó ayer de que el servicio de Urgencias se saturará si se niega la atención sanitaria en los centros de salud a los inmigrantes en situación irregular. «Si no se les atiende, todo el mundo acabará yendo a Urgencias», indicó. En este mismo sentido se manifestó ayer la Plataforma por la Convivencia de Ibiza, que pidió ayer a los profesionales que recuerden el juramento hipocrático y no dejen sin atención a ninguna persona, cotice o no a la Seguridad Social y tenga o no papeles, como su portavoz, Alda Yurramendi, aseguró que están haciendo en otras comunidades.
Fernández señaló que no hay ningún movimiento de este tipo entre los médicos del Área de Salud de Ibiza y Formentera y remitió a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) cuando se le preguntó por la opinión del sindicato ante el Real Decreto Ley de medidas sanitarias: «Aplaude las reformas estructurales antes que los recortes». «No creo que los médicos sean beligerantes en este tema hasta que no veamos el desarrollo que se hace del decreto, porque hay cosas que no están claras», consideró. A pesar de esto, sí señaló que los facultativos están «preocupados» por las consecuencias que puedan tener las medidas y alertó de que no garantizar la atención sanitaria a las personas sin recursos puede acabar derivando «en una sanidad de beneficencia» como la que, recordó, había hace unas décadas. Fernández lamentó que tampoco se garantice la asistencia sanitaria no urgente a los mayores de 26 años sin recursos entre los que, recordó, hay un elevado índice de desempleo. Por su parte, la consellera de Salud, Carmen Castro, informó que el transporte sanitario no urgente será gratuito en Balears al menos otros seis meses.
Ni una persona sin sanidad
Alda Yurramendi anunció que la Plataforma solicitará una reunión con la consellera balear de Sanidad, Carmen Castro, y pedirá que se convoque el Foro de la Inmigración, en el que están representadas las instituciones de la isla, para pedir que no se deje a ninguna persona sin atención. En este sentido, Yurramendi insistió en que en las Pitiüses ya se han negado citas con el médico de cabecera a extranjeros sin recursos. «Quieren destrozar la sanidad pública, no sabemos dónde quiere llegar este Gobierno», añadió la portavoz de la Plataforma, que aseguró que todos los extranjeros residentes en Ibiza y Formentera se encuentran ahora «bajo presión». «Eliminar la atención médica a los inmigrantes sin papeles supone el mayor ataque contra este colectivo que se recuerda en este país», señala la Plataforma, que insiste en que la medida «castiga a la población con mayor riesgo de exclusión social, más débil económicamente y con menor posibilidad de tener alternativas».
«Lo que estamos pidiendo no es un capricho, es un derecho», apuntó Karima Cherguin, también portavoz de la Plataforma y presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes de Ibiza. Cherguin denunció que algunas de las personas que se quedarán sin derecho a la atención en los centros de salud llevan años viviendo y trabajando en la isla, aunque ahora se hayan quedado sin empleo. De la misma manera, Cherguin confesó estar preocupada por que medidas como las adoptadas ahora en la sanidad puedan llegar también a la educación. «Es algo básico», insistió antes de pedir a los políticos que busquen soluciones en vez de crear problemas.
La portavoz de la Plataforma por la Convivencia señaló que es muy difícil saber a ciencia cierta el número de inmigrantes sin papeles que hay en las Pitiüses. Yurramendi señaló que este colectivo, el año pasado, supuso el 1% en las consultas externas de los hospitales públicos, el 2,5% de las urgencias y el 2,7% de los ingresos, por lo que considera que dejarles sin atención no solucionará nada. De la misma manera, recordaron que hay otros colectivos que no cotizan (sin techo, discapacitados, parados, presos…) y se preguntan si también a ellos se les retirará la atención sanitaria.
«Hay líneas rojas que no se pueden traspasar bajo la excusa de la contención o la optimización de recursos y el derecho a la sanidad es y debe seguir siendo intocable», reivindica la Plataforma.
Por su parte, el PSIB-PSOE alertó ayer de las «graves» dificultades que tendrán algunos ciudadanos españoles para tener cobertura sanitaria, como los mayores de 26 años que no han podido trabajar o las mujeres divorciadas que no hayan cotizado nunca. El secretario de salud del partido, Vicenç Thomàs, acusó al PP de estar «invitando a la gente a irse a la privada». «Hasta ahora la sanidad era universal y gratuita para todos los españoles. Ahora ya no», indicó Thomàs, que insistió en la «difícil situación» en la que se encontrarán en breve las personas sin recursos que no puedan pagar ni la sanidad privada ni los precios que factura el Ib-Salut a terceros, que calificó de «muy altos».
