La destrucción de una hectárea de pradera de posidonia estrictamente protegida por la ley en julio del año pasado por el barco de lujo ´Turama´ en aguas del Parque Natural de ses Salines en Formentera no es considerado un hecho delictivo por la Fiscalía de Ibiza, que acaba de decretar el archivo de las diligencias. La decisión ha sido acogida con estupor por los denunciantes –los ecologistas del GEN–, que pedían responsabilidades tanto al propietario del buque como a las administraciones responsables de este área protegida.

El decreto de archivo del caso, firmado por la fiscal María del Carmen Navarro Ros, admite que la posidonia destruida por las anclas del ´Turama´ estaba incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que estas praderas estaban dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Unión Europea, que habían sido catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que el Govern balear actuó de forma «desordenada, negligente e insuficiente» en este caso. Pese a todo ello, la fiscal llega a la conclusión de que «no cabe hablar de un incumplimiento sistemático por parte de la Administración de las disposiciones legales, sin establecer medida alguna para evitar los graves daños causados a los ecosistemas protegidos de la zona y sin establecer vigilancia alguna».

El escrito de la Fiscalía de Ibiza afirma que «lo cierto es que sí se han llevado a cabo actuaciones y se han adoptado medidas para evitar los hechos denunciados» y enumera las inspecciones realizadas por la Guardia Civil a través del GEAS y el Seprona, así como por el Servicio Marítimo perteneciente a la Comandancia de Balears.

El texto de archivo recoge los informes de las administraciones que confirman las «graves deficiencias» del sistema de boyas implantado por el Govern en esta zona ya desde el principio, en 2009. Por ejemplo, en es Caló de s´Oli se llegaron a instalar boyas para el fondeo precisamente en zonas donde estaba prohibida esta actividad. En 2011, cuando tuvieron lugar los hechos denunciados, no quedaba ya casi ninguna boya en toda la zona. A pesar de que la Fiscalía admite esta situación, no considera que ello sea motivo de denuncia ante el juez: «Sin perjuicio de que, ciertamente, la actuación de la Administración haya sido insuficiente en la temporada estival de 2011 para la protección de los fondos marinos, debido en parte a la falta de medios materiales y personales y recursos económicos adecuados, no se puede afirmar que las autoridades competentes, con motivo de sus inspecciones, hubieran silenciado la infracción de leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente o que hubiesen omitido la realización de inspecciones, ni que su actuación pueda calificarse como imprudencia grave».

Sin embargo, y dado que el Govern «ha tenido conocimiento de la situación de grave deterioro de las praderas de posidonia» a través de la prensa y de los informes emitidos por el técnico del Parque Natural», la fiscal advierte a esta Administración de que en el futuro no debe volver a permitir esta situación: «En el caso de que no subsane o corrija las deficiencias detectadas y no actúe de acuerdo con las recomendaciones que obran en el informe del técnico del Parque Natural de ses Salines (...) puede incurrir en un delito contra el medio ambiente, al no actuar en el futuro con eficacia».

En cuanto a los dueños del ´Turama´, autor material de los destrozos, la fiscal reconoce que el Código Penal sanciona al que cause daños en flora amenazada, pero luego matiza que «esta figura penal requiere intención o ánimo doloso, no bastando su comisión imprudente», por lo que esta actuación sería, en todo caso, «merecedora de la sanción administrativa correspondiente».

Torres dice que se han abierto diligencias por el fondeo del ´Columbus 2´

Después de decidir el archivo de las diligencias por la destrucción de la posidonia de Formentera, la Fiscalía de Ibiza anunció que se han abierto diligencias informativas sobre el fondeo del crucero ´Columbus 2´ sobre las praderas de esta planta submarina. El fiscal Antoni Torres señaló que, a la vista de las informaciones publicadas en la prensa local, se ha decidido investigar la posible existencia de actuaciones delictivas en este fondeo. La consellera de Medio Ambiente del Consell de Formentera, Sílvia Tur, denunció que esta embarcación pasó toda su escala en la isla fondeado sobre zona prohibida y, además, con permiso de la Autoridad Portuaria, aunque este organismo estatal aseguró posteriormente que el buque estaba en la «zona correcta».