El Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad sigue sin concretar cuáles serán sus próximas inversiones ni de cuánto dinero dispone para llevarlas a cabo. Tras la reunión de ayer de la junta rectora, a la que asistió el conseller balear Simón Gornés, la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, dijo que se han dado tres meses de plazo para ver qué intervenciones es necesario ejecutar, así como el presupuesto que requieren.
«Nos hemos dado tres meses [la fecha aproximada de la siguiente reunión] para hacer un estudio de las posibles actuaciones a llevar a cabo, tener la partida presupuestaria y darles prioridad y aprobarlas en la próxima reunión», indicó Sánchez-Jáuregui, quien prefirió esperar a entonces para concretar detalles «con detenimiento».
Lo que sí avanzó la alcaldesa es que el Govern mantendrá su aportación para este año, al tiempo que todas las administraciones harán frente a los pagos de las deudas que tienen pendientes.
Sánchez-Jáuregui no concretó a cuánto ascienden esos impagos, si bien explicó que tanto el Ayuntamiento como el Govern deben lo correspondiente al año 2011, y el Consell de Ibiza adeuda los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
«Todas las administraciones están endeudadas con el Consorcio. Lo hemos comentado y, aunque haremos un ajuste y un estado de las cuentas, el Govern sí tiene previstos en sus presupuestos la deuda pendiente y el Ayuntamiento y el Consell también», afirmó la alcaldesa, quien remitió a la próxima reunión de la junta para ofrecer «las cantidades exactas». «Nos pondremos todos al día con el Consorcio», apostilló.
2,9 millones para expropiaciones
Durante su reunión de ayer, la junta rectora aprobó el pago de 2,9 millones de euros que se destinarán a la expropiación de viviendas en la unidad de actuación 27 del Plan General de Ordenación Urbana correspondientes a la manzana situada entre las calles Alt y Retir de sa Penya.
Anteriormente, el Consistorio y el Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad habían firmado un acuerdo para que este organismo asumiera el coste íntegro de las expropiaciones, cuyo pago se aprobó ayer por unanimidad. El Ayuntamiento explicó, en un comunicado, que se trata de la adquisición de 30 fincas registrales, que están «ocupadas en su mayor parte de manera ilegal».
Asimismo, se aprobó también el pago de 464.330 euros más para las expropiaciones de siete inmuebles en la unidad de actuación 2-3, situada junto a sa Pedrera, donde se prevé la construcción de un centro cívico polivalente.
La alcaldesa explicó que no se podían llevar a cabo los desalojos y las actuaciones posteriores en el barrio hasta no ejecutar estas expropiaciones. Señaló que una vez aprobada la partida, se van a reunir con el Consell, que debe aprobar el estudio histórico. Sánchez-Jáuregui subrayó la importancia de esta actuación para poder solucionar la problemática en el barrio.
Críticas de la oposición
Por su parte, el grupo municipal PSOE-Pacte per Ibiza expresó, en un comunicado de prensa previo a la reunión, su «decepción» por los asuntos a abordar, «de puro trámite y con propuestas de acuerdo que se deberían haber tratado el verano pasado».
El grupo progresista lamentó el hecho de que «el único asunto de importancia previsto» era el convenio para las expropiaciones en sa Penya. «Este trámite llega con mucho retraso», subrayaron desde la oposición. «La inacción del Consorcio es realmente preocupante. No solo no se hace nada nuevo sino que los asuntos que se dejaron listos no han avanzado prácticamente en un año», resaltó la portavoz, Lurdes Costa.
La oposición apostilló que el organismo «se ha vaciado de contenido» pese a tener presupuesto para «temas como el soterramiento de tendidos eléctricos, el plan de rehabilitación de calles de Dalt Vila, el centro polivalente de sa Pedrera, la creación de aparcamientos, la reforma de s´Alamera y la plaza del Parque, el centro Cívico o el Mercat Vell y sa Peixateria». «La política de Sánchez-Jáuregui y su falta de modelo de ciudad está siendo demoledora para los barrios históricos», subrayó.
