La confusión es máxima. En el Govern y fuera de él. Sigan la sucesión de escenas, que se las trae. Primer acto, lunes por la mañana: la directora general de Función Pública se reúne con los sindicatos para explicarles cómo va a aplicar el aumento de jornada que el 23 de febrero aprobó el Govern para que todos los trabajadores públicos trabajen 37,5 horas a la semana en vez de las 35 que trabajaban. Segundo acto, el mismo lunes, pero por la tarde: el vicepresident económico del mismo Govern anuncia en una conferencia de prensa que quiere bajar la jornada y el salario a los mismos trabajadores públicos a los que les acaban de subir la jornada sin tocarles el salario. Una sube, el otro baja. ¿Queda claro? Para los sindicatos, no. Para los funcionarios, tampoco.

De ahí la confusión, entreverada ayer con temor en los pasillos de la función pública, en los que dan por hecho que Balears seguirá pronto la senda de otras comunidades con las cuentas públicas igual de agujereadas. Es el caso de Cataluña o Valencia. Allí la rebaja de salarios ligada a reducción de jornada es forzosa para el personal laboral, es decir, para los contratados sin plaza de funcionario. Mientras la Generalitat valenciana recortaba el horario de los trabajadores no funcionarios hasta las 25 horas semanales, la catalana aplicaba la medida a 8.000 interinos. «Parece que por ahí van los tiros», coincidían ayer tres de los siete representantes sindicales consultados, que se temen que las noticias que llegan de Madrid y sus despachos ministeriales sean ciertas: el Gobierno Rajoy incluirá en los presupuestos que presentará el 30 de marzo otra rebaja de salario a todos los funcionarios, en línea con el tijeretazo del 5% de Zapatero en 2010 y con los dos recortes de nómina que ha hecho ya el Ejecutivo de CiU en Cataluña.

No es la única mala noticia que les cuentan a unos y a otros, que dan por descontado que el recorte más fuerte será en las empresas públicas. «Les reducirán tanto la dotación presupuestaria que los despidos podrían ser masivos». Es la receta que de hecho trabaja desde hace medio año el Govern balear: ajustar a machamartillo en las empresas públicas.

Claro que todas esas son medidas que afectan a personal laboral, no a funcionarios. Para ellos, la cosa cambia, según advierten los sindicatos: no es posible bajar la jornada y los salarios a los funcionarios sin contar con ellos. El artículo 37.1 de la ley 7/2007, el Estatuto Básico del Funcionario, obliga a que cualquier cambio de condiciones de trabajo sea negociado. Aunque las leyes pueden ser cambiadas. Mientras tanto, a los funcionarios solo se les podría tocar la jornada y el salario si aceptan voluntariamente. ¿Lo harán muchos? Según los sindicatos, rotundamente, no. «Serán casos contados, no servirá para ahorrar los 300 millones que dicen que faltan en el presupuestos que ellos mismos han hecho y ya no vale», resumen en UGT.