La conselleria de Administraciones Públicas va a suavizar aún más de lo anunciado las exigencias de conocimiento de catalán para acceder a un puesto de trabajo en las administraciones de las islas, tras aplicar algunas modificaciones en el borrador inicial, según comunicó esta semana la directora general de Función Pública, Núria Riera. Como ejemplo, la lengua de las islas no será necesaria para ser policía local, aunque cada Ayuntamiento determinará el nivel de conocimiento que se debe de tener dependiendo del tipo de trabajo de cada agente. Este documento, que se llevará al Parlament en el plazo de un mes para su tramitación como modificación de ley, fue rechazado por los sindicatos UGT, CCOO, STEI y CSIF, frente al apoyo obtenido por la FSES.
El catalán, un mérito
Riera recordó que el objetivo de estos cambios es que el catalán deje de ser un requisito para acceder a la función pública o para la promoción interna, para convertirse en un mérito, aunque se exigirá su conocimiento para empleados que atiendan al público o para los que se dediquen a labores de asesoramiento lingüístico.
Tras analizar las 12.325 alegaciones recibidas frente a este borrador, finalmente se han aceptado algunos cambios sobre el redactado inicial. Para empezar, se modificará la ley de coordinación de policías locales para que el catalán no sea un requisito a la hora de acceder a este cargo, aunque los ayuntamientos podrán determinar el nivel de conocimiento que se podrá exigir a cada agente dependiendo de que desarrolle o no labores directamente relacionadas con la atención al ciudadano.
En segundo lugar, durante el primer año de vigencia de esta nueva norma no se podrá exigir ninguna certificación sobre el nivel de conocimiento de catalán para ocupar puestos que con carácter general tengan como función principal la atención al público. Durante esos doce meses, las administraciones autonómica y locales, al igual que las empresas públicas, deberán definir su relación de puestos de trabajo y las características y funciones de cada uno, para determinar entonces ese nivel que se va a reclamar. Las excepciones serán los asesores lingüísticos o aquellos puestos en los que no haya la menor duda que va a existir una relación con el ciudadano.
El tercer cambio consiste en la supresión del cambio previsto en el artículo 33, destinado a facilitar el uso de las dos lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la vida social, al considerar que la reforma que se quiere hacer se ciñe al ámbito de las administraciones públicas y no es necesario ir más allá.
