El objetivo de aumentar la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales sin que eso conlleve una subida salarial es el de mejorar la atención que se presta al ciudadano, de forma que se puedan recortar las actuales listas de espera en la sanidad, elevar el tiempo que se dedica a los alumnos en la educación, o incrementar la atención al ciudadano en los servicios generales de la Administración autonómica, según argumentó la directora general de Función Pública, Núria Riera.

Mucho menos favorable es la valoración que los sindicatos hacen tras la reunión mantenida ayer por ambas partes. En opinión de UGT, CCOO, STEI, CSIF, FSES y SAE, la imposición de esta iniciativa pese a su oposición solo va a aportar destrucción de empleo y un colapso aún mayor entre unas plantillas que «se encuentran sobrecargadas de trabajo», punto este último sobre el que se recuerda la situación que se vive en las urgencias hospitalarias.

Núria Riera indicó que ese incremento de dos horas y media en la jornada semanal del funcionariado y personal estatutario va a suponer para las arcas autonómicas un ahorro de 50 millones de euros. De ellos, 32,8 millones corresponden al área de educación (13,8 millones en la primaria y 19 millones en la secundaria), 12,2 millones de euros al ámbito sanitario, y 5,7 millones a los servicios generales.

«No habrá despidos»

Pese a aportar esas cifras, la directora general insistió en que la ampliación de la jornada no va a suponer despidos –UGT los ha cifrado en unos 2.000–, y apuntó que el recorte que se va a dar en las contrataciones por parte del sector público ya se había fijado anteriormente como una de las medidas del plan de ajuste pactado con el anterior Gobierno del PSOE.

Núria Riera indicó que la reunión convocada ayer con los sindicatos tenía como objetivo el intentar negociar esta medida, aunque reconoció que esa ampliación de dos horas y media será aprobada por el Consell de Govern, por lo que el tema a debate es cómo se distribuye ese aumento de la jornada de trabajo. La directora general defendió también esta iniciativa por «coherencia» con lo que se ha acordado por parte del Gobierno central para sus trabajadores, a los que se aplicará un incremento similar de sus horas de trabajo.

Riera anunció que el próximo paso es intentar un acuerdo para aplicar ese aumento de las horas de trabajo al personal laboral.

Reacción sindical: Amenaza de más movilizaciones

La indignación de los representantes sindicales al salir de la reunión con la directora general de Función Pública era patente, al considerar que la postura del Govern es la de plantearles hechos consumados sin la posibilidad de abrir una negociación seria sobre su implantación. Por ello, desde UGT se anunció que se va a debatir la posibilidad de no acudir a nuevas reuniones, ya que en su opinión lo único que se busca es dar una falsa imagen de diálogo.

Pero ésta no es la única amenaza sobre la mesa: la imposición de ese aumento de la jornada en dos horas y media semanales va a ser contestado con nuevas movilizaciones, e incluso no se descartó la posibilidad de que la respuesta de los funcionarios sea la de negarse a trabajar un minuto más de lo exigible, algo que en opinión de los sindicatos tendría en estos momentos unos efectos nefastos en el ámbito sanitario.

Los representantes sindicales insistieron ayer en que el ahorro de 50 millones de euros que esgrime el Govern solo se entiende si supone un recorte en las plantillas o en la contratación de interinos y personal laboral. Según las estimaciones iniciales, la citada medida podría suponer la pérdida de cerca de 1.000 empleos en la sanidad, de unos 700 en la educación y de alrededor de 300 en los servicios generales.

Además, se calificó de especialmente indignante que esta imposición, junto a los recortes salariales que ya se han aplicado, se adopte al mismo tiempo que se ha subido el sueldo a altos cargos de Presidencia del Govern.