EFE | PALMA
Los extranjeros sin recursos podrán obtener la tarjeta sanitaria del sistema público balear con un informe de un trabajador social que certifique su condición económica, lo que supliría el trámite consular del certificado de rentas, más difícil de conseguir.
Según informó ayer la conselleria de Salud en un comunicado, las personas sin recursos, tanto extranjeras como españolas, podrán aportar para probar su situación dos documentos: o un certificado negativo de rentas o el informe de un trabajador social.
De esta manera, el Servicio de Salud de las islas destaca que garantiza la cobertura sanitaria en las mismas condiciones de igualdad a todas las personas sin recursos, tanto a las extranjeras como a las españolas.
La conselleria añade que la asistencia sanitaria urgente, a menores de edad y a mujeres embarazadas, queda garantizada sin excepciones.
Para obtener el reconocimiento como persona sin recursos, indica la nota, es necesario presentar la tarjeta de empadronamiento y un documento que certifique la falta de recursos económicos.
Este documento puede ser una copia compulsada de la última declaración del IRPF, que en el caso de las personas extranjeras se trata de un certificado emitido por el consulado o la embajada correspondiente que acredite que no disponen de rentas, pensiones u otro ingreso.
Este último trámite fue criticado por los sindicatos y asociaciones de inmigrantes porque resultaba difícil de obtener para estas personas, pero ahora se puede sustituir por otro documento: el informe de un trabajador social de la gerencia correspondiente del Servicio de Salud o de cualquier organismo público oficial.
La conselleria indica que si resulta imposible presentar el certificado negativo o el informe del trabajador social, el personal emisor de la tarjeta sanitaria debe ratificar esta situación y aceptar en última instancia la declaración jurada del interesado como documento acreditativo de la falta de recursos.
La nota añade que se han detectado fraudes en la presentación de la declaración jurada como único documento acreditativo y equitativo de la falta de recursos, por lo que, con el objetivo de «evitar las malas prácticas», se exigió previamente la declaración de la renta (o el certificado negativo) o el informe de un trabajador social.