Las nuevas exigencias del Govern balear para tener derecho a la tarjeta sanitaria excluyeron en la práctica a cientos de inmigrantes sin recursos de las islas, muchos de ellos residentes en el archipiélago desde hace años, que no podían acreditar su pobreza. De hecho, la propia directora general de Inmigración del Govern, Antonia Estarellas, solicitó una rectificación a la conselleria de Salut.

Las diez asociaciones de inmigrantes integradas en la Plataforma Sociosanitaria se sumaron el pasado día 10 a las voces que ya habían dado la voz de alarma sobre esta situación y, en rueda de prensa, sus representantes aseguraron que había casos de inmigrantes que habían acudido a urgencias y que se habían marchado sin haber recibido atención médica cuando les comunicaban que debían pagarla. La propia directora general de Inmigración consideró necesario solucionar el problema que había creado el Ib-Salut al dejar sin asistencia sanitaria a inmigrantes pobres que no podían acreditar su situación de falta de ingresos bien porque en sus países de origen no era posible conseguir los papeles bien porque no podían sufragar el coste que representaban estos trámites. «Cómo van a poder pedir un certificado que no saben ni dónde pedir», declaró Estarellas, que aunque señaló que el Ib-Salut había actuado de «buena fe», admitió que «no se calibró en su justa medida lo que este cambio suponía». «Antes de que sea un colapso hay que reconducir el tema», señaló Estarellas.

Finalmente, el Ib-Salut ha rectificado y ha modificado los criterios para lograr la tarjeta sanitaria, de modo que baste un certificado de un asistente social.