La concesionaria del Cetis rescindirá el contrato si Vila no abre ya la estación

EUGENIO RODRÍGUEZ | IBIZA Casi ocho meses después del cambio de gobierno, la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui se reunió el viernes con los responsables de la Sociedad Gestora Cetis, la estación de autobuses de sa Colomina. La respuesta de la alcaldesa sobre si se puede o no abrir la estación de autobuses quedó en el aire a la espera de una segunda reunión convocada para mañana. «Para nosotros es el último asalto, los últimos minutos del partido. No podemos ni queremos esperar más. Han pasado nueve meses [desde la obtención de los permisos necesarios] y si el Ayuntamiento no quiere abrir se deberá romper el contrato y compensar a los inversores», avisa Jorge Herranz, apoderado de la Sociedad Gestora Cetis, participada por Sagalés, entre otras empresas.

Un portavoz del Consistorio también señaló ayer a este periódico que la alcaldesa pretende que mañana sea «la reunión definitiva» para resolver este asunto. Sánchez-Jáuregui rehusó ayer hablar sobre el primer contacto con los responsables del Cetis a la espera del de mañana. Herranz considera que, en principio, la alcaldesa optó el viernes por posponer la reunión a mañana para «tener más elementos de juicio». «Supongo que quiere conocer cuál es la posición del Consell y con toda esa información tomar una decisión», indica.

En todo caso, el apoderado de la empresa recuerda que el Ayuntamiento es el que ha otorgado la concesión, no el Consell, y, por tanto, «el primer valedor» de la contrata. «El Consell [titular de las líneas de transporte público] ha de decir alguna cosa, pero es un tema entre administraciones», señala.

Inversión parada
Herranz sostiene que de momento da «un voto de confianza» a la alcaldesa, pero confiesa estar «profundamente preocupado» por la situación de la estación, que calificó de «inaceptable desde un punto de vista jurídico». Admite que hasta ahora no ha detectado «la voluntad necesaria» por parte de la nueva Administración para poner en marcha la infraestructura y recuerda que, aparte de la sociedad ibicenca, «el principal perjudicado es el propio Ayuntamiento». «Que se entienda bien, no es ninguna advertencia. O se abre o el Ayuntamiento tendrá un problema jurídico muy grave porque está incumpliendo un contrato, con una inversión enorme, de la que no se pueden obtener los ingresos previstos por el funcionamiento de la estación y la actividad que debería generar a su alrededor», agrega.

Herranz apuntó reiteradamente en la conversación que mantuvo ayer con este diario que no querría, en un momento «tan crítico», dar la impresión de estar «presionando a través de la prensa». «Es todo lo contrario. No tenemos este talante. Al final lo que queremos es que se ponga en funcionamiento la estación de autobuses y no perder una campaña más. Ya estamos en febrero», recuerda.

El apoderado de la empresa concesionaria subraya que la ley establece que es motivo de resolución el incumplimiento de un contrato de concesión durante seis meses, periodo que, subraya, ya se ha superado. «Desde el pasado mes de abril la estación ya se podía poner en marcha; entre junio y septiembre se recogieron un conjunto de informes de los técnicos del Ayuntamiento que volvían a bendecir el proyecto y el cumplimiento de la normativa. Y aún no está en marcha. Para nosotros, al tener la inversión absolutamente parada, la situación económica es delicada, pero pienso que desde el punto de vista de la responsabilidad del Ayuntamiento la situación es aún mucho más grave. No tiene sentido. Una parte está incumpliendo el contrato desde hace mucho tiempo», recalca.