Denuncian que los recortes en sanidad «condenan a muerte» a los inmigrantes sin recursos

LAURA FERRER ARAMBARRI | IBIZA ­Las diez asociaciones de inmigrantes que forman parte de la Plataforma Sociosanitaria de Ibiza preparan una queja por escrito a la consellera de Salud, Carmen Castro, con copia a la responsable de Políticas Sociosanitarias de Ibiza, Mercedes Prats, y a la directora de Inmigración del Govern, Antònia Estarellas, en la que alertan de que los recortes en materia sanitaria están «excluyendo» a los inmigrantes sin recursos del sistema sanitario insular, lo que va a ser una «sentencia de muerte» para muchas personas.

Así lo advirtieron ayer los portavoces del colectivo Alda Yuramendi, Mohamed Eddars y Víctor Heyn, que recordaron que el Ib-Salut modificó hace unos meses el proceso por el que se concede la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin recursos. El cambio obliga a extranjeros que llevan años viviendo en las islas a presentar un documento de su país de origen que certifique que son objetivamente pobres. Los inmigrantes sin recursos tienen que pedir, en el equivalente de la Agencia Tributaria de su país un certificado de que no tienen dinero, ni reciben pensiones de su lugar de origen. Ese documento tiene que estar legalizado por Asuntos Exteriores y el consulado. Los inmigrantes que no pertenecen a un país de habla hispana deben enviar este documento traducido, lo que tiene un coste añadido.

Una persona sin trabajo ni recursos «no se puede permitir abonar más de 250 euros por todo el proceso burocrático» que, además, «se puede alargar durante dos o tres meses», según explicó Mohamed Eddars, que ha tenido que realizar algunos trámites similares.

En este sentido, la propia directora general de Inmigración del Govern, Antònia Estarellas, aseguró recientemente que está pendiente de una reunión con el Ib-Salut en la que tratará de «reconducir» la exclusión del sistema sanitario que sufren algunos inmigrantes sin recursos. «Cómo van a poder pedir un certificado que no saben ni dónde pedir», aseguró Estarellas hace unos días. Añadió que el Govern intentará «poner una solución, porque hay colectivos que no van a poder obtener ese certificado».

Las asociaciones pitiusas confían en que así sea pero, si la situación no cambia, están dispuestas a llegar al Defensor del Pueblo para que intervenga. Así, la medida del Govern «va en contra de la Constitución y de la ley de Extranjería. Atenta contra el derecho básico de la salud, que está garantizado por convenios internacionales y la legislación española», subraya Yurramendi.

Los portavoces advirtieron de que «ni siquiera el servicio de urgencias atiende todos los casos de inmigrantes sin tarjeta sanitaria». «Hay denuncias de personas que no han sido atendidas», aseguró Yurramendi. Muchos farmacéuticos se están convirtiendo en médicos. Como el enfermo no es atendido en el centro de salud acude a la farmacia «a que le den algo», dice.

Trasplante a un bebé
Mohamed Eddars, portavoz de la asociación de marroquíes El Mediterráneo, explicó ayer que los recortes están afectando «muy seriamente» a muchos de sus compatriotas. Relató la situación límite de una familia que está a la espera de un donante de hígado para su bebé de seis meses. El padre gana 800 euros mensuales y le resulta «imposible» pagar el traslado y la residencia de su familia en Barcelona durante el tiempo de espera hasta el trasplante y el postoperatorio. «Antes había casas de acogida y pagaban los gastos de desplazamiento», explicó Eddars.

La plataforma representa a ciudadanos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Colombia, Rumanía, Chile, Ecuador, Senegal y Mauritania.