N. G. G. / EFE IBIZA / MADRID
El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto una investigación sobre presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras y contratos en el Cuerpo Nacional de Policía, que afectaría a construcciones de al menos diez provincias de España y entre ellas a la comisaría de Ibiza.
En este caso, se ha puesto de manifiesto el pago de 20.850 euros a un despacho de arquitectura e ingeniería por un servicio que estaba ya incluido en la contratación de Segipsa –adjudicataria de las obras a través del PlanE–. En concreto se trata de la redacción del proyecto modificado relativo a la ejecución del nuevo edificio, la demolición del antiguo y la parcelación del solar de la comisaría ibicenca.
Estas diligencias previas de investigación, que han sido declaradas secretas, se iniciaron hace un mes tras una denuncia de la Dirección General de Policía.
La denuncia recogía un escrito anónimo enviado a la Intervención Delegada de Hacienda en el que se hablaba de «corrupción en el departamento de obras y arquitectura de la Dirección General de Policía».
Dicho documento se remitió también al Sindicato Unificado de Policía, que de igual modo lo trasladó al juzgado y además lo ha colgado en su página web junto con una ampliación de la denuncia.
Este escrito revela una presunta «continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios técnicos y de consultorías». Dice que por «su falta de transparencia, la no concurrencia de ofertas reales pues todas están amañadas de antemano y el impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros» se está causando «graves perjuicios económicos a la Administración».
Aunque señala que esta situación se produce «desde hace bastante tiempo», detalla «como pequeño ejemplo» algunas relacionadas con obras y servicios realizados entre 2010 y 2011.
El escrito señala que al elevar la cuantía de los contratos menores que deben salir a concurso público se ha producido una «adjudicación indiscriminada», de forma que se han fraccionado los gastos de obras mayores y se han otorgado distintos contratos menores a una misma empresa.
Critica que empresas ubicadas en Madrid se desplacen a realizar obras a localizaciones de provincias distantes y no se pidan ofertas a mercantiles de estos territorios, lo que podría suponer «mejores precios». «Se adjudican a amiguetes simulando concursos ficticios y amañados», denuncia el escrito, lo que según apunta sucede también en el caso de las asistencias técnicas.
El documento anónimo explica que se encomienda a Segipsa, que gestiona gran parte de las actuaciones de obras del PlanE, que cuente con personal que suele trabajar con los técnicos del área de Patrimonio y Arquitectura.
En lo que concierne al caso de Ibiza, y que se da casi en una decena de provincias más, explica que se están contratando informes por la redacción de proyectos modificados mediante otros expedientes de asistencias técnicas de menor cuantía para «evitar procedimientos que serían desmontados por la asesoría jurídica al comprobar que ya están incluidos en los contratos privados entre Segipsa y la dirección facultativa de obra».
El director insular de la Administración del Estado, Rafael García Vila, y un portavoz de la comisaría indicaron ayer que no tenían conocimiento de esta denuncia.
Otros hechos delictivos: El SUP amplía la denuncia que afecta a al menos 10 provincias
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó el miércoles un escrito en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid en el que amplía su denuncia sobre presuntas irregularidades hasta 2003.
En el escrito incluye media docena de documentos en los que se relatan contrataciones de los años 2003 y 2004, que ya fueron denunciadas ante el Consejo de la Policía.
En concreto, el sindicato señala la compra en 2004 de once robots de desactivación de explosivos para los Tedax y diversas obras en las comisarías de Manacor, Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla) en las que los gastos superaron con creces el presupuesto inicial.
También informa del supuesto uso particular por parte de mandos policiales de vehículos oficiales para sus vacaciones, pagando el gasto de combustible con una tarjeta de crédito a cargo de la Policía. efe madrid
10:53
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
REDUCIR TEXTO »
