La Audiencia confirma el juicio por el caso Cretu

E. RODRÍGUEZ | IBIZA ­La Audiencia Provincial ha rechazado los recursos de Antoni Marí Tur, exalcalde de Sant Antoni, y la mayoría de los acusados por el caso Cretu en contra del auto en el que se daba por finalizada la fase de instrucción y abría las puertas a la celebración de juicio. En todo caso, pese al recurso, la apertura de juicio oral ya fue decretada el pasado mes de julio.

El exalcalde y los miembros de la comisión de gobierno que otorgaron la licencia declarada ilegal (los exediles Blanca Castiella, José Prats, José Ramón Serra y José Cardona) reiteraron en el recurso que aprobaron la concesión del permiso de obra al amparo de «todos los informes emitidos en sentido favorable». «Si es una licencia con sólido, variado y nutrido sustento jurídico, hace inviable cualquier atisbo de ilegalidad penal en su concesión», argumentaban los recurrentes. Pese a no estimarse el recurso, los exediles José Prats, José Ramón Serra y José Cardona no se sentarán en el banquillo de los acusados después de que la Fiscalía, en su escrito de acusación, pidiera el sobreseimiento provisional parcial para todos ellos.

El auto de la Audiencia Provincial desestima el recurso al entender que «no parece que falte el presupuesto necesario para sustentar una acusación razonable». El tribunal entiende que en este momento los argumentos que esgrimen los ahora acusados son «improcedentes» al anticiparse a la fase del juicio, que es donde ha de resolverse la causa. Pese a ello, el auto enumera una serie de cuestiones que conducen a «no descartar ahora la responsabilidad de los recurrentes»: «La licencia era ilegal porque la construcción ejecutada se realizó sobre una cima; existía una licencia de obra menor que fue sobrepasada, se ordenó la paralización de la obra y finalmente se construyó un estudio de grabación que, según la documental obrante en las actuaciones, requería de licencia de actividades y superaba el ámbito de una vivienda unifamiliar».

Además, cita el auto, «al parecer no se solicitaron informes a la Comisión Insular respecto a la posibilidad de edificar en ese sitio concreto».

La Fiscalía pide una pena de siete años de inhabilitación y una multa de 33.600 euros para Marí Tur y Blanca Castiella por un supuesto delito de prevaricación, aparte de que sean condenados, solidariamente, a indemnizar al Consistorio por los gastos ocasionados por el derribo de la parte de la casa que estaba amparada en licencia.

El arquitecto del proyecto, José Torres, también recurrió el auto que cerraba la instrucción y abría las puertas al juicio oral. En este caso, el fiscal pide para Torres una pena de ocho meses de prisión, un año de inhabilitación para ejercer su profesión y una multa de 31.500 euros por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Lo mismo solicita para el propietario, el músico Michel Cretu. En el recurso, el autor del proyecto argumentaba que su actuación se limitó a continuar un expediente iniciado por otro arquitecto y que este había sido aprobado por la Comisión Insular de Urbanismo. También está acusado el técnico municipal Miguel Ángel Martí, para el que el Ministerio Público pide una pena de tres años de prisión, tres más de inhabilitación y 21.000 euros de sanción por un supuesto de falsedad cometida por funcionario público.