Llama la atención

El goteo de sentencias favorables a las decisiones urbanísticas y de ordenación del territorio adoptadas para proteger diversas zonas de la isla. Niguna de ellas da la razón a los propietarios o promotores de su urbanización ni contempla el pago de grandes indemnizaciones. Los tribunales han respaldado las iniciativas proteccionistas adoptadas por las instituciones.


Que en época de crisis el Consell de Formentera se gaste 9.000 euros en comprar una escultura de un ca eivissenc, alegando que se lo han pedido los cazadores de la isla.

Que las condiciones de las entidades financieras para otorgar créditos hayan impedido la venta de las viviendas de protección oficial construidas por el Ibavi en Sant Antoni. De nada sirve una política pública de promoción de viviendas a bajo precio si después las condiciones de los bancos y cajas de ahorro se convierten en un obstáculo insalvable para los posibles compradores. El Ibavi hizo un negocio ruinoso y gastó 4,5 millones de euros en una operación que no ha servido para nada.