La promotora de Punta Prima acusa al equipo de gobierno de prevaricación

C. CONVALIA / FORMENTERA La empresa Sunway S.L. (promotora de la cuidad de vacaciones de Punta Prima) ha presentado una querella criminal contra cuatro miembros del equipo de gobierno del Consell de Formentera (entre 2007 y 2011) por un presunto delito de prevaricación y desobediencia. Esta querella es una continuación de la batalla legal que desde 1979 mantiene la compañía en su intento de completar la segunda fase de un proyecto turístico ubicado en esa zona de la isla y del cual ha ejecutado la mitad. El conflicto radica en que las normas urbanísticas, aprobadas en septiembre de 2011, califican dichos solares de urbanos vacantes pero como «espacios libres públicos de cesión gratuita al Consell».

El pasado verano, el administrador de la citada empresa, Leo Stöber Aublet, ya anunció, tras impugnar la aprobación inicial de la citada normativa, que emprendería acciones legales a no ser que el Consell reconociera las sentencias judiciales que le dan la razón.

En el escrito de acusación presentado el pasado 1 de febrero ante los juzgados de Ibiza, los abogados de Sunway S.L. piden el procesamiento de Jaume Ferrer (presidente del Consell), Sònia Cardona (vicepresidenta primera), Bartomeu Escandell (conseller de Territorio), Josep Mayans (conseller de Turismo) y Silvia Tur (consellera de Medio Ambiente), al entender que han adoptado decisiones a sabiendas de su ilegalidad y han desobedecido la sentencia del Tribunal Supremo que califica dichos terrenos de urbanos.

La empresa señala que los miembros del equipo de gobierno acusados han «expoliando» su propiedad al desclasificar terrenos que las sentencias definen como urbanos. A juicio de la demandante, el Consell ha actuado «advertido por las alegaciones» que presentaron a las Normas Subsidiarias. Por eso, entiende que en su aprobación definitiva los denunciados «abandonan el falso argumento del suelo no urbanizable» y reconocen su clasificación judicial «para no entrar en conflicto con la sentencia del Tribunal Supremo». Sunway entiende que el Consell recupera el discurso utilizado en 1989 por la Comisión Provincial de Urbanismo acerca de una supuesta «falta de los servicios básicos» para justificar la «incautación» de casi la totalidad de suelo vacante, declarado «urbano».

La querella insiste en que el Consell decide declarar tales solares vacantes como «públicos y de cesión gratuita».
El Consell eludió pronunciarse al no haber recibido la notificación de la querella y, por lo tanto, desconocer sus detalles.