PEP RIBAS - IBIZA
El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha fallado a favor de la Asociación de Vecinos El Progreso, de Santa Gertrudis, en el proceso iniciado en 2005 contra un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Eulària en el que desestimaba la petición del colectivo de cerrar la discoteca La Diosa.
Siete años después la juez estima parcialmente el recurso interpuesto por los vecinos contra una resolución municipal y obliga al Consistorio a clausurar la actividad que llevaba a cabo la discoteca La Diosa (o Hoew Down) en la finca de Can Malacosta.
La sentencia considera que «el Ayuntamiento nunca debió permitir la reapertura de la actividad si a su entender no se habían subsanado las deficiencias advertidas por el ingeniero municipal». La magistrada también cree «inexplicable y por ello reprochable» la actitud del Ayuntamiento, al que acusa de «permisividad».
Antes de interponer el contencioso administrativo el colectivo vecinal había reclamado la intervención del Ayuntamiento por una actividad que levantaba quejas entre los residentes. Las protestas tuvieron mucho eco en Santa Gertrudis, donde se llegaron a celebrar manifestaciones de protesta contra el local.
La lucha vecinal contra La Diosa se inició en verano de 2004, cuando la asociación presentó al Ayuntamiento de Santa Eulària una petición para que clausurase este negocio y abriera un expediente a la empresa en materia de actividades clasificadas. Asimismo, se debía instar a los propietarios a tramitar de nuevo licencias de apertura y funcionamiento.
El Consistorio desestimó la petición, lo que motivó a los vecinos para iniciar una batalla contencioso administrativa y presentaron en el juzgado de Palma un recurso contra la decisión municipal el 18 de septiembre de 2005.
Los vecinos solicitaban una sentencia que anulase la resolución del Ayuntamiento y acordase la clausura de la actividad de discoteca de La Diosa, así como la apertura de un expediente de infracción en materia de actividades clasificadas y un requerimiento al titular para que tramitase nuevas licencias. Finalmente el proyecto quedó abortado y La Diosa no llegó a tener continuidad.
El proceso ha sido lento, pero el fallo es favorable a los vecinos. Antoni Roig, que era presidente de la asociación cuando se inició el proceso judicial, admitió ayer que esta resolución «se ha hecho esperar», pero se mostró satisfecho de que tantos años después, una magistrada haya dado la razón a los vecinos. Aunque la actividad por la que se protestaba ha cesado hace años, la asociación no quiso interrumpir el proceso, a la espera de una sentencia favorable.
La presión popular
Roig piensa que «sería presuntuoso» afirmar que las protestas contra La Diosa que en su día encabezó la asociación de vecinos hayan conseguido evitar el proyecto, sino que cree que fue un exponente más de la presión popular, que se impuso al final e incidió en una mayor «receptividad» por parte del Ayuntamiento.
El expresidente del colectivo vecinal considera que en estos momentos no existe ningún proyecto de características similares que amenace la tranquilidad de los residentes en esta población, pero cree que esta resolución judicial es un buen precedente.
«Santa Gertrudius no es un pueblo para discotecas, sino un lugar tranquilo, donde pasar un rato agradable», señaló Antoni Roig para explicar los motivos que entre 2004 y 2006 movilizaron a los vecinos de Santa Gertrudis en contra de la actividad de una discoteca que se había puesto de moda y llegó a concentrar gran cantidad de público en horas nocturnas en las inmediaciones de la población.