El Govern excluye de la sanidad pública a cientos de inmigrantes sin recursos

ALBERTO MAGRO | PALMA ­Niños, embarazadas y enfermos con problemas urgentes se han quedado sin atender por no disponer de dinero para pagarse la sanidad pública. Todo porque el Govern de Bauzá está excluyendo de la sanidad gratuita a cientos de inmigrantes sin recursos. Una modificación mínima del proceso para dar tarjeta sanitaria a los extranjeros le ha bastado a los nuevos gestores sanitarios para dejar automáticamente sin asistencia a todos los inmigrantes incapaces de demostrar que carecen de dinero para pagarse la atención médica.

La consellera balear de Salud, Carmen Castro, desmentía estas informaciones a través de Twitter: «Todas las embarazadas y los menores de 18 años extranjeros sin recursos tienen garantizado el derecho por ley a la asistencia sanitaria», aseguró. Afirmó, asimismo, que los extranjeros reciben «el mismo trato que los españoles en las mismas circunstancias».

Le ocurre sobre todo a las personas llegadas de los países menos desarrollados, cuyos ciudadanos son víctimas de una situación kafkiana: el Govern les exige que aporten un documento que las deficientes administraciones de sus estados de origen no les puede facilitar. Se trata de un certificado que los españoles sin recursos consiguen con una corta visita a Hacienda, trámite exprés que se convierte en barrera insuperable para algunos inmigrantes, que han de solicitar los datos en países que en algunos casos no tienen ni los mínimos controles de población.

Ese certificado que el Govern considera indispensable se emplea para probar que la persona que solicita la tarjeta vive de verdad una situación de penuria. Para muchos inmigrantes arrojados por la crisis a la misma cuneta de la exclusión económica en la que ya viven miles de baleares, el trámite se resuelve en su consulado. Para otros, no es tan fácil: no hay ni consulado. O peor: en sus estados carecen hasta de censo, por lo que, sencillamente, no existen. Ocurre sobre todo con los procedentes de África y Asia, aunque se repite también en los países más subdesarrollados de Sudamérica.

Para ayudarles a salvar esa barrera y ofrecerles la asistencia sanitaria que les garantiza la ley española, el Ib-Salut aceptaba hasta octubre una declaración jurada en la que los inmigrantes que no podían conseguir el documento de su país confirmaban que carecían de recursos. «Abríamos la mano porque éramos conscientes de que en muchos casos era imposible que cumpliesen ese trámite. Era una cuestión de sentido común: no podíamos dejar sin asistencia a gente sin recursos, entre otras cosas porque la ley exige que se les atienda», explica un alto cargo sanitario del anterior Govern.

Gracias a esa flexibilidad que aportaba la declaración jurada, los inmigrantes se hacían con la tarjeta de último recurso que ahora se les niega: dos notas internas de fecha 4 de octubre y 16 de noviembre distribuidas por los responsables del Ib-Salut instan a aceptar solo como prueba de la falta de recursos un certificado de Hacienda o, en el caso de los extranjeros sin datos en España, ese informe de sus países de origen que para muchos es una quimera.

Niños enfermos sin asistir
Con estas dos circulares, cientos de inmigrantes que llevan varios años residiendo en las islas se quedan a las puertas del sistema público, que en octubre empezó a reclamarles el pago de la asistencia antes de recibirla. Lo confirman los doctores que los atienden, los mediadores interculturales y los trabajadores sociales de centros de salud que desde octubre se topan una y otra vez con una barrera burocrática que ha llegado a dejar a niños y embarazadas sin tratar. «Hay padres que vienen con el crío enfermo y se les da a firmar un documento en el que se comprometen a pagar en diez días. Muchos no tienen para pagar y otros muchos se asustan solo con la entrega del impreso. Lo peor es que se van con el niño enfermo y sin atender. También está ocurriendo en urgencias: tienen derecho a la atención urgente por ley pero cuando se les entrega el documento muchos se marchan porque no pueden pagar», relata una trabajadora social, en línea con historias como las que describen los médicos.

La exclusión sistemática de niños y enfermos que precisan atención urgente contraviene la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros (4/2000), que obliga a atender «en las mismas condiciones que los españoles» a los menores de 18 años, a las mujeres preñadas y a los pacientes que entren en los servicios de emergencias. Así lo dice la legislación y así lo interpretan también los trabajadores sociales consultados, que empiezan a desesperar ante algunos de los dramas personales de estas familias sin recursos. La misma desesperación confiesan abogados especializados en inmigración e incluso colectivos como Médicos del Mundo, que ya trabaja con la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados para lograr una rectificación del Govern que permita a los inmigrantes recibir la atención gratuita a la que tienen derecho. Se han puesto igualmente en marcha el Consell de la Societat Civil de Mallorca y el Grupo de Professionals de l´Ambit Social, que denuncian unas directivas que califican de «escandalosas y aberrantes».

«Hay países africanos que no tienen ni censo, ¿cómo pretenden que expidan un certificado de ingresos o de cualquier cosa a alguien que está a miles de kilómetros? Es absurdo», recalca Miguel Reyero, doctor en Son Espases y vicecoordinador de Inmigración de Médicos del Mundo. Desde hace años, su colectivo ayuda a los inmigrantes a conseguir la asistencia sanitaria que en muchos casos se les niega. Ahora en Médicos del Mundo lamentan que el nuevo Govern «vulnere sistemáticamente la ley».

Reyero, ginecólogo, hace hincapié en la exclusión de niños y embarazadas. Con ellos la ley es especialmente protectora. Aunque no lo ve así este Govern. «Hemos tenido casos de mujeres que han estado todo el embarazo sin controlar por no tener tarjeta. También hemos visto niños a los que se les ha denegado la atención gratuita. Eso es inaceptable», dice Reyero, que explica que hasta hace unos días en el Ib-Salut mantenían la tesis de que la ley garantiza la atención pública a niños, embarazadas y casos urgentes, pero no dice que tenga que ser gratuita. «Eso es otro absurdo: si a alguien sin recursos le pides que pague porque, si no lo hace, no le atiendes, le estás excluyendo», analiza Reyero.