El fiscal rebaja las penas para los dueños de un bar de Ibiza por ruido

B. PALAU / REDACCIÓN | PALMA / IBIZA El fiscal rebajó ayer su petición de pena para los cuatro propietarios del bar El Club de Ibiza entre los años 2005 y 2008, entre ellos un conocido discjockey de la isla, acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por no evitar la contaminación acústica en el local, superar los decibelios máximos permitidos y causar molestias a los vecinos de la zona. El ministerio público solicitó en la segunda sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Palma sendas condenas de un año de prisión, multa e inhabilitación para tres de los imputados y seis meses de cárcel para el cuarto sospechoso. Estos se enfrentaban inicialmente a cinco y tres años de prisión. Además, interesó la clausura definitiva del local.

El fiscal rebajó las penas al eliminar la cuestión de la clandestinidad, que hacía referencia a la ausencia de licencia de bar y café concierto con música en vivo del local durante los primeros meses de 2006, apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y aplicar el Código Penal vigente en el momento de los hechos, que es menos gravoso para los acusados. La fiscalía admitió que la pena que se solicitaba en un principio era «excesiva» y la actual «es más proporcionada».

Por su parte, el letrado de la acusación particular, que mantiene que sí que hubo clandestinidad, elevó a definitivas sus conclusiones, como los abogados defensores, que pidieron la absolución.

Durante la vista oral, dos peritos declararon ante el tribunal de la sección segunda. Un técnico de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza manifestó que el establecimiento El Club, ubicado en la calle Pedro de Portugal, cumplía con la normativa en materia de insonorización, pero eso no evitó que se registraran emisiones por encima de los 25 decibelios, el nivel máximo permitido en horario nocturno.

Sonometría positiva
Según el ingeniero, tras varias inspecciones en el bar y mediciones en el local y en los domicilios afectados, se comprobó que el aislamiento acústico cumplía con la normativa existente. Únicamente detectó pequeñas deficiencias en el cerramiento de ventanas y puertas del establecimiento, que no disponían de cristales insonorizados ni doble cristal, pero apuntó que no estaban obligados a ello.

El técnico del Ayuntamiento destacó que a principios de octubre de 2006 le llegó una sonometría positiva, que excedía en 14 decibelios el nivel máximo permitido. Anteriormente, en el mes de mayo se efectuó otra prueba, que dio también resultado positivo. Sin embargo, en este caso un técnico del Consistorio advirtió de que el informe de la sonometría era «incompleto» y tenía «deficiencias», según la defensa.

Por otro lado, otro perito, encargado del proyecto de insonorización de El Club cuando este funcionaba como teatro, señaló que el local estaba acondicionado para un máximo de cien decibelios.

El fiscal destacó en sus informes que el caso se sitúa dentro de la esfera penal ante las reiteradas quejas de los vecinos y el grave riesgo para la salud de las personas. Según detalló, los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente ya que los dueños del bar, entre diciembre de 2005 y 2008, conocían las quejas y denuncias de los vecinos, así como los expedientes sancionadores por exceso de ruido y, a pesar de ello, continuaron con la actividad del local.

Las obras de insonorización fueron insuficientes y los vecinos vivieron una «tortura sobrehumana» y «un infierno» al no poder conciliar el sueño durante los fines de semana, según relata la fiscalía.