La auditoría a las autovías de Eivissa conocida en 2010 no dejó claro si se produjeron o no delitos en su contrucción, pero desveló la existencia de sobrecostes cercanos a los 60 millones de euros. Pero un informe jurídico externo, encargado en la pasada legislatura al catedrático de Derecho Penal Francisco Javier Álvarez García filtrado a la prensa por los ecologistas del GEN, apreció más de una decena de presuntos casos de prevaricación y malversación de caudales. Por contra, dos pronunciamientos de la Abogacía de la Comunitat insisten en desmentir cualquier indicio delictivo.

El informe de Álvarez García, fechado en marzo de 2011, fue encargado por el anterior conseller de Movilidad, Jaume Carbonero, quien nunca lo dio a conocer. Las irregularidades halladas van desde la misma adjudicación de los proyectos a empresas que, o bien no presentaban la mejor oferta, o no reunían los requisitos para optar a las contratas. Se denuncia el enriquecimiento ilícito de las constructoras y el perjuicio a las arcas públicas que permitió el Govern de Jaume Matas. Asimismo, se detecta una sustracción de caudales por trabajos que nunca se realizaron, como el de la empresa Control y Geología SA.

En conclusión, añade el informe, se omitieron «uno detrás de otro los hitos fundamentales del procedimiento fijado por la ley».

A este informe sucedieron otros dos rubricados por los servicios jurídicos de la Comunitat dados a conocer en agosto sosteniendo lo contrario.

Según informó la nueva directora de Obras Públicas, Ana García Serrano, deficiencias como la ausencia de los puntos de control de tráfico establecidos en el pliego de condiciones (solo hay uno frente a los siete que se obligaba, lo que ocasiona más de 1,4 millones de sobrecoste en el peaje en sombra que abona el Govern) se considera que «hay que reclamar a la adjudicataria que los instale», pero desmiente una posible prevaricación porque la Administración ya exigió su instalación en 2010. En cuanto a que las empresas no cumplían los requisitos, el segundo informe de la Abogacía recuerda que las adjudicaciones «son procesos complejos sujetos a la labor subjetiva de los técnicos» como eximente.

Mientras, en varias de las reclamaciones por las expropiaciones para los macroproyectos se dio la razón a los afectados y también se resolvió a su favor el proceso civil contra los 11 detenidos en el desalojo de Can Malalt, entre ellos varios reconocidos activistas y cargos de PSOE-ExC.

A modo de epílogo, hace unas semanas, el Govern dio a conocer que la auditoría del anterior Ejecutivo de Francesc Antich pagó 47.000 euros de más por la auditoría a las autovías al anular una primera adjudicación a una empresa en la que participaba un ex alto cargo del Govern Matas (se pagaron 699.480 euros). La empresa perjudicada recurrió y ganó ante el Tribunal Superior de Justicia y deberá ser indemnizada.

Así las cosas, las autovías han seguido mostrando este año los defectos de su construcción. La carretera al aeropuerto ha estado cortada hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses tras quedar anegados varios de sus tramos. El macroproyecto requerirá la inversión de más de tres millones de euros para solucionar el desaguisado, 400.000 ya previstos este año.

Para colmo, los corrimientos de tierra en los laterales de la trinchera incomunicaron un tramo de tres casas en las inmediaciones de Can Sifre. La calzada lateral de esta zona ya sufrió grietas hace algunos años por la falta de asentamiento del terreno.