El anteproyecto de ley presentado el pasado martes levantó ayer las críticas de lingüistas y de los partidos de izquierda y nacionalistas de Balears. Dicho texto modifica la ley de función pública y el régimen jurídico administrativo, además de varios puntos de la ley de normalización lingüística. Entre otras cosas, el anteproyecto elimina el catalán como requisito para trabajar en la Administración, además de abrir la vía para que los pueblos puedan castellanizar su nombre y el de sus calles.
El departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat, órgano asesor en cuestiones de toponomia, aún no ha hecho una declaración de forma oficial, pero su máximo responsable, Joan Antoni Mesquida, expresó ayer a este diario su incredulidad ante lo que supondría un «atentado contra la lengua». Otro miembro de este departamento, Gabriel Bibiloni, incluía ayer en su blog un «post de urgencia» titulado «el destrozo lingüístico del Govern Bauzá».
En dicha entrada, el lingüista especifica qué artículos de cada ley suprime y modifica el nuevo anteproyecto, un texto que califica de «embestida contra la lengua de un país»; algo de «una gravedad extraordinaria» y que, como puede comprobarse, no se limita a quitar el catalán como requisito, a pesar de que así se resumía en la nota que el Govern remitió a los medios.
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos ciudadanos estaban convencidos de que la noticia sobre la posibilidad de cambiar los topónimos al castellano era una incocentada propia del día 28 de diciembre. Pero no. Además de los lingüistas, otras entidades y agrupaciones políticas criticaron ayer el anteproyecto de ley, incluyendo varios alcaldes del Partido Popular de Mallorca, que lamentan que el Govern haya creado un debate con un tema, el de la lengua, que creían ya superado.
Alegaciones
El más contundente de todos fue Antoni Pastor, alcalde de Manacor, que aseguró que los asesores jurídicos del consistorio ya están trabajando para presentar alegaciones al texto. Cabe recordar que el mismo día que se presentaba el anteproyecto, Pastor mostraba en público sus discrepancias con el presidente, José Ramón Bauzá, y lamentaba la pérdida de la postura regionalista dentro del partido. Pastor criticó que se remueva de nuevo el tema de la lengua cuando ya se había logrado «un mínimo consenso». Se mostró contrario a la supresión del requisito del catalán, aunque señaló que debería haber ciertas excepciones, como con los profesionales de fuera, que deberían hacer un reciclaje.
Otras voces en contra del anteproyecto han llegado desde la coalición PSM-IV-ExM, que lo ve como un «ataque a la convivencia», y también desde PSIB-PSOE, cuya portavoz en el Parlament, Francina Armengol, tachó de «ilógica» la decisión de Bauzá de «romper el consenso histórico» que ha existido entre los partidos de las islas sobre el uso del catalán.
En Ibiza, Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE), anunció que presentará «una fuerte oposición y alegaciones al anteproyecto de ley de modificación de la ley de la función pública para eliminar el catalán como requisito lingüístico para acceder a la función pública». A través de un comunicado, ENE considera que esta medida supone «un ataque a la oficialidad del catalán, a la igualdad lingüística consagrada por el Estatut y a la convivencia entre los ciudadanos».
La Obra Cultural Balear cree que la actuación del Govern es «surrealista» y que el anteproyecto es la eliminación «de facto» del catalán como lengua propia de la Administración. Ayer anunciaron movilizaciones «sin precedentes».
El anteproyectoModifica tres leyes
El anteproyecto de ley presentado por la conselleria de Administraciones Públicas supone la modificación o desaparición de varios puntos de la ley de función pública, la de normalización lingüística y del régimen jurídico administrativo. Además de suprimir el catalán como requisito, se regulan otros aspectos.
