El Ayuntamiento de Sant Joan defiende la propuesta prevista en la aprobación inicial de las nuevas Normas Subsidiarias que contemplaba la construcción de un centenar de viviendas unifamiliares y plurifamiliares en Benirràs. En la aprobación definitiva de la normativa urbanística, después de que el Parlament aprobara la ley 4/2008 que protege íntegramente esta zona, el Consistorio especificó que su ordenación quedaba a expensas de lo que dictaminara «un órgano supramunicipal».
El alcalde, Antoni Marí, Carraca, explica que ahora, una vez que el Govern levante la protección de Benirràs, «el punto de partida» del Consistorio sobre el desarrollo de esta zona es el que contemplaban inicialmente las Normas Subsidiarias. «No sería coherente no hacerlo. Cualquier persona o entidad debe ser consecuente con sus propios actos. El punto de vista político está claro y definido. Puede gustar o no. Seguro que es mejorable, pero es lo que había», dijo, al tiempo que recordó que «todos los grupos políticos [PSOE-ExC] reconocieron y alabaron hasta cierto punto que se había ido a la baja». En la aprobación de la normativa urbanística los dos ediles de PSOE-ExC optaron por la abstención.
Marí recuerda que logró «consensuar con los propietarios un recorte importante de la edificabilidad de más del 30%» con respecto al plan parcial aprobado en 1984. A partir de aquí, el alcalde está dispuesto a «hablar» sobre algún retoque a la baja en el desarrollo urbanístico proyectado. «Nosotros pondremos nuestro documento sobre la mesa por un principio de coherencia. Lo haremos ante el Govern, el Consell y quien sea. Si quieren algún cambio, después se verá. Lo hablaremos», insiste.
En concreto, el desarrollo urbanístico pactado entre el Consistorio y los propietarios consiste en la construcción de casi 40 chalés, según el alcalde, con planta baja y una altura en la zona alta de la ladera. En la parte baja (la zona llana) se proyectaba, a través de una unidad de actuación propia, la construcción de 67 viviendas más plurifamiliares. Sobre el plano, la mayor parte del área donde se proyectan las viviendas plurifamiliares se encuentra dentro de la zona de riesgo de inundación, pero el alcalde ya dijo en su día que no se iba a construir en la zona inundable porque se había previsto un cinturón verde a ambos lados del torrente.
El desarrollo urbanístico de este paraje natural es el punto más conflictivo de la ley 4/2008. El presidente del Consell, Vicent Serra, ya ha dicho que se intentará reducir la edificabilidad de los espacios protegidos por la citada ley, pero que el límite lo marcará la legalidad y las posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Los propietarios de Benirràs reclaman al Govern el pago de una indemnización de 48 millones de euros.
Más campos de golf y puertos
El presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), Mariano Riera, destaca la repercusión del posible pacto de indemnizaciones. «¿De dónde saldrá tanto dinero para pagar indemnizaciones?», cuestiona. No obstante, PSOE-Pacte y Ibiza pel Canvi consideran que el pago de indemnizaciones es «una excusa», ya que existen sentencias e informes del Consell Consultiu que rechazan las pretensiones económicas de los propietarios.
Riera confiaba en que PP y PSOE-Pacte fueran capaces de lograr un acuerdo y reconoce que la ruptura de la negociación le ha causado «una decepción».
El presidente de la Pimeef cree que en la isla se podría construir algún puerto deportivo más y «uno o dos campos de golf más». «No harían ningún daño», dice. Sobre la oferta de golf, Riera se muestra favorable al proyecto del Grupo Matutes en Platja de Bossa. «Si no puede ser de 20 hoyos, que lo sea de 10, 9 u 8», dijo a título personal, ya que, recordó, de los 1.500-2.000 socios de la Pimeef, «unos piensan de una manera y otros de otra».
La crítica de los ecologistas
El presidente de la Cámara de Comercio, Vicent Torres, también aboga por al menos dos campos de golf y el incremento de amarres. «Algo más habría que hacer, pero en las zonas turísticas consolidadas. Hay que destruir el territorio lo menos posible porque no hay que obviar que el turismo náutico viene a la isla por la riqueza de la costa», subraya.
En cambio, el presidente del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), Juan Carlos Palerm, ve «normal» que se haya roto el pacto por el territorio tal y como se ha desarrollado la negociación. «Me sorprende que hayan tardado tanto en romper», dijo, para agregar acto seguido que, de haberse cerrado un acuerdo, «tampoco se hubiera logrado un avance en cuanto a conservación del medio ambiente». Palerm recuerda que la versión nueva del Plan Territorial propuesta la pasada legislatura por PSOE-ExC venía a «ser lo mismo» que el anterior. Dijo que le preocupa «la excusa barata» de que se deben construir puertos deportivos y campos de golf para salir de la crisis. «Hay que pensar en salir de la crisis mejor que como entramos y no lo haremos si se destruye el medio ambiente», sostiene.
La presidenta de Amics de la Terra, Hazel Morgan, considera que hubiera sido «muy preocupante» que la izquierda hubiera coincidido con los criterios de la derecha. Sostiene que al menos, con la ruptura, «habrá una oposición a los proyectos que causan un impacto».
