El Consell de Govern confirmará el viernes si la aportación del Ejecutivo balear a la UIB se reduce un 4,8 por ciento, tal y como se ha avanzado. De ser así, la universidad habrá visto reducido su presupuesto en un 17 por ciento en los tres últimos años, que coinciden, además, con la difícil implantación del Plan Bolonia y con un incremento más o menos constante de alumnos. Así lo explicaron ayer en rueda de prensa Mateu Servera, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; Maria Juan Garau, vicerrectora de Estudiantes y Juan José Montaño Moreno, vicerrector de Docencia y Calidad, que no ofrecieron más detalles sobre las cuentas a la espera de que la institución convoque una rueda de prensa el viernes tras el Consell de Govern para explicar los presupuestos y si los recortes repercutirán en una merma de los servicios de la sede universitaria de Ibiza, entre otros.

Los representantes de la UIB centraron su intervención en los datos de matrícula del curso 2011-2012, que es de 15.985 alumnos, de los que 532 están inscritos en la extensión de Ibiza, 14 más que en el curso 2010-2011. De ellos 180 son de nuevo ingreso en el caso de la sede pitiusa, lo que supone 27 alumnos más que en el curso pasado. Maria Juan Garau explicó que el 60% de los alumnos son mujeres frente a un 40% de hombres. La mayoría de alumnos, un 70%, han ingresado en la universidad a través de Bachillerato y el resto por FP y acceso para mayores.

El grado con más alumnos en la sede de Ibiza es el de Educación Infantil, con 96 personas matriculadas, de las que 39 son de nuevo ingreso. Le siguen el grado en Administración de Empresas (68), el de Enfermería (58) y el de Derecho (57). El resto de oferta formativa no alcanza la veintena de alumnos por especialidad.

Servera aseguró que la implantación de los grados del Plan Bolonia no se ha visto afectada por la reducción del presupuesto pero sí está afectando «a su desarrollo, tal y como estaba previsto en un principio» como la necesidad de reducir más los grupos de alumnos, una de las directrices del plan, según Servera. «Nos gustaría que en los próximos meses se llegase a una solución, aunque fuese parcial, a los problemas de financiación», aseguró.

Montaño, por su parte, remarcó que la obligación de acreditar la calidad de la formación, unido a una deficiente financiación podría suponer «una limitación de plazas de nuevos ingresos».