­El anterior equipo de gobierno de Sant Josep dio la orden de clausura de la Carpintería Alba, en la carretera de Sant Josep, antes de dejar el Consistorio. El exalcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, firmó el decreto de notificación de la orden de cierre entre mediados y finales de octubre. Dicha comunicación establecía que a partir de la notificación se abría un plazo de dos meses (naturales) para clausurar el negocio en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que declaró nula la licencia de apertura y funcionamiento concedida por el anterior gobierno del PP en marzo de 2006.

Este fallo judicial se remonta a abril de este año, pero el Consistorio tardó meses en ordenar el cierre del establecimiento, contra el que los vecinos luchaban judicialmente desde hacía más de 15 años. Fuentes municipales apuntan que el Ayuntamiento no recibió la notificación de la sentencia hasta octubre porque el tribunal extravió el expediente.

La sentencia del TSJB, contra la que no cabía recurso ordinario, recordaba que en octubre de 1995 el mismo tribunal ya había denegado la licencia de actividad o instalación solicitada para «la actividad de fabricación, exposición y venta al por mayor y al detalle de muebles» y concluía que el planeamiento urbanístico «no admitía ese uso en ese suelo».

Eduard Clavell, abogado de los vecinos afectados, recuerda que, en su día, también hubo una sentencia que declaraba ilegal la construcción y, por tanto, debía derribarse. Sin embargo, el gobierno del PP legalizó la construcción después de que la propiedad comprara más terreno (el cuñado del exalcalde Serra Escandell se lo vendió). Clavell mantiene que la sentencia era «clara» en que la construcción era «ilegal e ilegalizable», por lo que la maniobra para tratar de evitar el cumplimiento de la sentencia no puede ser válida. Además, recuerda que el terreno que se agregó está «al otro lado de la carretera».

El letrado apunta que sus defendidos le pidieron que centrase su trabajo en la clausura del establecimiento. Cabe tener en cuenta que, paralelamente, se instruye una causa penal en contra de Serra Escandell por este asunto. La Fiscalía ha pedido para el exalcalde del PP una condena de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación. El Ministerio Público también solicita que se declare la nulidad de la legalización del edificio, ordenándose su demolición, y la licencia de actividad . La sentencia de lo Contencioso Administrativo del pasado mes de abril ya revoca los efectos de la licencia de actividad. En su escrito, el fiscal apunta que Serra Escandell permitió la legalización de la carpintería «a pesar de que sabía que hacía tiempo que debía estar demolida si él hubiera cumplido los mandatos claros del ordenamiento jurídico y las sentencias que así lo refrendaban».