La política de recortes emprendida por el Govern balear pone en peligro la continuidad del Consell Balear de la Producció Agraria Ecològica (Cbpae), que es el organismo que certifica la producción en este sector en auge, con una demanda creciente aunque con importantes problemas de comercialización. La Associació de Productors d´Agricultura Ecològica d´Eivissa i Formentera (APAE) dio ayer la voz de alarma en una rueda informativa, ante lo que considera «una grave amenaza» para el sector.

María Marí, presidenta de la APAE, compareció en su finca de Can Mussón en Santa Eulària, acompañada por los dos representantes de las Pitiusas en el seno del consejo regulador Cbpae: el productor Xicu Ribas, de Can Vileta, que es el representante de los productores ecológicos de las Pitiusas, y el mayorista Alfonso Rojo, que representa a todos los comercializadores de productos ecológicos de Balears.

El Cbpae, que tiene un funcionamiento plenamente democrático, ha realizado el control de la producción ecológica en Balears desde el año 1996, financiándose con las aportaciones de los productores y empresas que obtenían la certificación y con ayudas económicas del Govern balear y de la Unión Europea.

En su composición, el organismo tienen representadas a todas las islas de Balears y también tanto a los productores agrarios como a la industria de transformación y a los comerciantes. Además de certificar que los productos han superado todos los controles más estrictos, lo que supone una garantía para el consumidor, el organismo se ha encargado durante estos años de organizar actividades formativas, así como de la promoción y dinamización del sector.

Los productores señalan que el Govern tiene deudas con el Cbpae, por actividades desarrolladas en los dos últimos años, por un total de 170.000 euros y afirman que el Ejecutivo regional no solo no ha dado una fecha para satisfacer estas deudas, sino que no prevé un apoyo económico al organismo para el próximo año. Por este motivo, ha provocado una reestructuración de la entidad, que ha despedido a casi todos los profesionales y doblado las cuotas a productores, comercializadores y elaboradores.

La APAE lamenta que la Administración «castiga económicamente» la producción ecológica que, aunque lleve a cabo una actividad que favorece la biodiversidad y la riqueza del entorno, tiene que pagar unas cuotas al organismo de control. «Los restantes agricultores no tienen que pagar para que se les controle, nosotros sí, además, estamos obligados a registrar todas las operaciones de cultivo, con el consiguiente incremento de los costes de gestión», afirma un portavoz de la asociación.

Xicu Ribas lamenta que el Cbpae haya pasado a tener una plantilla de ocho personas que hacían el trabajo de inspección, a contar solamente con dos y sin la seguridad de que seguirán a partir de 2012. Alfonso Rojo, por su parte, advierte que si el Cbpae desaparece, los productores y comercializadores se verán obligados a contratar la certificación con una empresa especializada, lo que supone «multiplicar por nueve los costes de gestión».

Los productores, normalmente pequeñas empresas familiares, consideran estos costes «insostenibles» y no pueden concebir seguir haciendo producción ecológica sin contar con un certificado de garantía.

Tanto la asociación pitiusa como el consejo regulador consideran que desatender al organismo certificador y a los intereses de los productores ecológicos es «despreciar la oferta complementaria insular y dar la espalda a un sector de la población cada vez más amplio».