La consellera de Sanidad y Bienestar Social, Mercedes Prats, reveló ayer en el pleno que la nueva residencia para discapacitados psíquicos y físicos de Can Raspalls, en Sant Jordi, no está acreditada para formar parte de la red pública para la dependencia. Este centro fue inaugurado el 25 de marzo «deprisa y corriendo», según recordó Prats, quién indicó que esta situación puede causar problemas a la hora de justificar la firma de convenios. «Tardaremos un poco, pero lo solventaremos», dijo. La gerente del Consorcio Sociosanitario, Maite Planells, explicó que el 25 de marzo se acompañó la solicitud de acreditación con documentación «ficticia», entre la que figuraba el nombre de Can Blai.
En la residencia se atienden a seis personas por problemas de salud mental (hay 27 trabajadores), mientras que el centro de día lo utilizan 34 discapacitados intelectuales y 30 enfermos mentales (seis empleados). Aún no se han realizado los ingresos de la Ley de Dependencia por la falta de acreditación.
Prats explicó la situación de la residencia durante el debate de la moción presentada por la oposición para poner en marcha un plan piloto de centro de educación especial en Can Raspalls. La propuesta de PSOE-Pacte, que fue rechazada por el PP, consistía en la firma de un acuerdo del Consell con la conselleria balear de Educación para que, en caso de necesidad, un enfermero o médico de la residencia pudiera acudir al colegio público situado justo al lado para atender a alguno de los cuatro alumnos que sufren alguna discapacidad grave. Los niños podrían usar las instalaciones del centro sociosanitario.
Con esta moción, la oposición pretendía dar respuesta a la petición de los padres y madres de los niños, que, con más de 4.000 firmas recogidas, reclaman a la conselleria de Educación más medios para atender sus necesidades. Prats explicó que en Ibiza hay más niños con esta necesidad y que «no se puede acotar» este servicio solo a ellos porque «se conozca más a sus padres». Recordó que se trata de una competencia del Govern y que este hará un estudio para evaluar cuántos niños se encuentran en esta situación para «planificar los recursos necesarios».
Abascal lamentó la negativa del equipo de gobierno y advirtió de que los recursos que plantea Prats «no van a llegar». «La propuesta que planteamos nosotros no cuesta ni un euro», dijo.
Mercedes Prats acusó con dureza a su antecesora de ser «una experta en crear expectativas y prometer cosas que no cumplía» a las familias. «No se puede jugar con colectivos débiles», dijo, al tiempo que recordó que desde 2008 cada año prometía la apertura de la residencia de Sant Jordi, y que lo haría «por la vía penal o civil».
