El ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz negó ayer ante la juez que hubiera pedido al empresario Alberto Torres que le otorgara el proyecto de edificación de Cala Molí a cambio de tramitar «más rápido» el final de obra de la urbanización (solo las infraestructuras viarias, alumbrado y demás servicios). «Es imposible que hiciera esa oferta porque el Grupo Medi ya había encargado el proyecto a la señora Pilar Fernández [la pareja de su hijo, Antonio Huerta Chamorro]», dijo en su declaración.
Alberto Torres vendió la parcela de Cala Molí al Grupo Medi en enero de 2000 a través de un contrato privado. En marzo se firmó la escritura, pero hasta junio no se cerró definitivamente el traspaso de la titularidad de los terrenos. Entre medias, en abril, se llevó a cabo una inspección de obra (para otorgar el final de obra de los servicios básicos de la urbanización) y, a su finalización, una comida en Es Boldadó.
Un antiguo empleado de Torres denunció en la Fiscalía que en esa comida, en la que también estuvo el entonces concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes, el ex arquitecto municipal sugirió a Alberto Torres (tenía un poder entonces para actuar en nombre del Grupo Medi) que le proporcionara nuevos proyectos urbanísticos. Reganes, Torres y Huerta lo han negado.
Huerta recordó ayer que en esa comida no se trató nada del final de obra de la urbanización de Cala Molí, asunto que solo trató con el concejal. De hecho, explicó que posteriormente emitió un informe desfavorable respecto a la recepción de la obra. La comisión de gobierno aprobó pedir un aval de 20 millones de pesetas como garantía para la ejecución de las cuestiones pendientes del proyecto de construcción de los servicios básicos de la futura urbanización.
También declararon ayer en el juzgado el hijo de Huerta y la pareja de este, Pilar Fernández. Todos ellos respondieron a las preguntas de las partes sobre la relación profesional y económica mantenida con Alberto Torres. Este empresario fue detenido en agosto de 2009 por su supuesta conexión con la trama de Huerta. La imputación de Torres se produjo después de que un testigo (el antiguo empleado del empresario) le implicara en los negocios urbanísticos del ex arquitecto municipal. Torres lo niega, al igual que Huerta y su familia.
Huerta explicó que la única relación profesional que ha mantenido con Torres se remonta a1998, cuando el empresario le encargó una proyección en tres dimensiones de un anteproyecto en una parcela de Roca Llisa (Santa Eulària) y un proyecto para un vial y un depósito. Recordó que entonces su despacho era el único de la isla que disponía de la tecnología de tres dimensiones. Recalcó que nunca ha mantenido ninguna relación comercial con el empresario, salvo la de Roca Llisa, ni tampoco ha recibido ningún pago de Torres a cambio de favores del Ayuntamiento.
La sociedad de la nuera
El testigo (el antiguo empleado de Torres) también dijo en su día que Huerta había entregado al empresario un proyecto para la construcción de 92 viviendas en Cala Molí, extremo que el ex arquitecto municipal rechazó, al igual que su nuera. De hecho, Huerta dijo que nunca ha trabajado en Cala Molí (puntualizó, además, que el aparejador municipal Julio Blanco fue el que informó la licencia) ni recibió dinero por su venta.
La pareja del hijo de Huerta explicó que el Grupo Medi le encargó a finales de 1999 o principios de 2000 el proyecto de Cala Molí. Explicó que ella dispone de una sociedad unipersonal (Keltike), sobre la cual ni su pareja ni el padre de este tienen poder de decisión. En este sentido, Fernández desvinculó el proyecto de Cala Molí de un acuerdo entre Huerta y Torres.
A la salida de los juzgados Huerta, su hijo, su nuera y su abogado declinaron hacer declaraciones «por respeto al juzgado». El abogado de Alberto Torres mostró su satisfacción por el resultado de las declaraciones de los últimos días. «Se refuerza lo que dijimos desde el principio en sede judicial: la inconsistencia de la imputación contra Alberto Torres. No existe base suficiente para mantener esta situación, que se alarga ya más de dos años», subrayó.
Se informó en contra del proyecto de Cala Tarida
La arquitecta Pilar Fernández, pareja del hijo de Huerta, recordó ayer en su declaración que el ex arquitecto municipal informó en contra del proyecto de Cala Tarida que le encargó el empresario Alberto Torres. La Fiscalía ve una conexión de los negocios inmobiliarios previstos por el empresario en Roca Llisa, Cala Molí y Cala Tarida en la supuesta trama de Huerta.
Fernández explicó que Torres le encargó un estudio de detalle y un proyecto básico en 2004, seis años después de que el empresario pidiera al despacho de Huerta la proyección en tres dimensiones de la parcela de Roca Llisa. Torres también vendió el terreno de Cala Tarida al Grupo Medi. Fernández dijo que este proyecto no tenía relación alguna con el que Torres encargó a su pareja (el hijo de Huerta, a través del despacho que comparte con su padre) en Santa Eulària. Insistió en que ninguno de los dos (Antonio Huerta e hijo) participó en el proyecto de Cala Tarida
La arquitecta dijo que el caso de Cala Tarida no era el único (de sus proyectos) que el Ayuntamiento de Sant Josep había informado en contra, aunque dijo que no sabía si con la firma de Huerta u otra persona. El hijo de Huerta indicó que nunca se ha llegado a desarrollar el proyecto de Cala Tarida, ni tampoco se obtuvo licencia para ello. Asimismo, negó que la transferencia bancaria de Promociones Roca Llisa (hallada durante los registros practicados hace tres años por la Guardia Civil) tenga algo que ver con Alberto Torres.
