El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el nuevo INEM, ha detectado este año que una importante cantidad de inmigrantes residentes en Balears se marcharon a sus países y continuaron cobrando el paro. En el extranjero no se pueden percibir prestaciones por desempleo españolas y los inmigrantes, antes de marcharse, deben notificarlo en su oficina del INEM. Según las diferentes asociaciones de inmigrantes consultadas, se han detectado a unas 1.300 personas que se marcharon a su país cobrando el paro y no habían notificado su cambio de residencia temporal. El Servicio de Empleo Estatal les obliga, a modo de sanción, a devolver todo el montante de las ayudas por desempleo recibidas hasta la fecha.
Los colectivos más afectados son los marroquíes y los subsaharianos. A algunos inmigrantes les están reclamando entre 18.000 y 20.000 euros de la prestación recibida, por dejar Balears cobrando el paro. Youssef Jouihri, responsable de la Asociación Unión de Marroquíes, explicó que el principal problema es el desconocimiento de la normativa de los inmigrantes: «El INEM debería entregar un documento donde se explique a los extranjeros que no tienen derecho a salir del país. Hay gente que lleva 30 años trabajando en las islas y está en esta situación. Se marchan algunas temporadas porque con lo que perciben del paro no pueden seguir viviendo aquí».
La mayoría han sido descubiertos por las identificaciones policiales en los pasos fronterizos. Los cuerpos de seguridad del Estado comunican al Servicio de Empleo las personas extranjeras con residencia en España y allí es donde se detectan los que abandonan el país estando en el paro. Otros no acudieron a firmar su prestación mensual en la oficina de empleo y se detectó que habían marchado de las islas.
Antonio García Moles, director provincial en Balears del Servicio Público de Empleo, explicó que «estar en el paro es como si trabajasen en una empresa y se debe estar a disposición de la oficina de empleo. Se pueden marchar 15 días de vacaciones, pero previa comunicación. Es como si una persona no acude a su trabajo, al final será despedido». García Moles Recordó que esta problemática se suscita, especialmente, con los países africanos que no tienen convenio con España para trasladar las prestaciones de desempleo. «Muchos de los afectados con esta situación son los trabajadores que estaban contratados en las 40 empresas ficticias para conseguir prestaciones de desempleo», apostilló el delegado del INEM.
Familias en situación difícil
Jouihri relató que conocen más de 500 familias que lo están pasando muy mal por este problema: «Muchos cobran solo la ayuda familiar de 420 euros y no pueden seguir pagando alquiler y mantener a sus hijos con este dinero. Por ello, la mayoría viajan a sus países de origen para dejar a sus hijos con familiares». Explicó que también hay casos de parados inmigrantes que han tenido que salir de forma rápida por la enfermedad grave de un familiar y ahora les quitan la prestación.
«No hay intención –comentó Jouihri– de cometer fraude. Es desconocimiento de la normativa. Lo triste es que ahora les reclaman entre 18.000 y 20.000 euros de mensualidades del paro recibidas. Es un dinero que no tienen y no pueden pagar».
La Asociación Unión Marroquí, junto con otras agrupaciones de inmigrantes, se reunieron con Delegación del Gobierno para tratar esta problemática.
Pidieron que se explique y comunique por escrito a los inmigrantes que no pueden abandonar España estando en situación de desempleo.
