El Govern Bauzá tiene más que afiladas las tijeras, solo es cuestión de esperar a después del 20-N para enseñar los papeles, donde verdaderamente quedan plasmados los recortes. Después de meses tratando de concienciar a la opinión pública de que vienen tiempos difíciles y hay que reducir drásticamente el gasto público, el ´hachazo´ que se prepara será de unos 700 millones de euros, según fuentes del PP y del Ejecutivo, cifra que incluso puede verse superada en función de cómo evolucione la «brutal» –así la definen– caída de ingresos.
Algunas medidas de ajuste ya son conocidas, pero el verdadero alcance de las mismas, y su impacto, no se materializará hasta aprobarse los próximos Presupuestos Generales de la Comunitat, de ahí el interés del PP por no hacerlos públicos para allanar la llegada de Rajoy a la Moncloa.
Lo peor de la grave crisis no ha llegado aún, señalan desde el Ejecutivo autónomo, por lo que el Govern se prepara para afrontar el año que viene como el peor ejercicio, económicamente hablando, de ahí que los presupuestos se verán ampliamente recortados.
En la actualidad Balears funciona con las cuentas de 2010 prorrogadas, al ser el Govern Antich incapaz de sacarlas adelante, y que ascendieron formalmente a 3.384 millones de euros. Siguiendo la estrategia electoral dictada desde Madrid, el PP balear no desvelará las cuentas de la Comunitat hasta después de las elecciones generales del 20 de noviembre.
Las citadas fuentes explican a este diario que la Vicepresidencia económica, a cuyo frente está José Ignacio Aguiló, trabaja con un borrador presupuestario que prevé un ´tijeretazo´ en torno a los 700 millones de euros, y que las previsiones son reducir las próximas cuentas autonómicas a niveles del año 2007.
El Govern de Bauzá, consciente de la impopularidad que generaría la presentación de las medidas de ajuste en un solo paquete, ha ido anunciándolas espaciadamente durante los últimos meses: empezó vendiendo a bombo y platillo la reducción de altos cargos hasta llegar al despido de empleados de empresas públicas, la reestructuración de todo este sector, la rescisión de alquileres, la eliminación de un centenar de liberados sindicales o la no contratación de más personal interino, así como la supresión del pago de horas extraordinarias o el complemento de productividad para los funcionarios.
Ardid electoral
Esta táctica electoral permite ahora al Ejecutivo del PP tener ya desgranado ante la ciudadanía el grueso de los ajustes; con todo, se reserva alguno más de calado que se resiste a desvelar, de ahí la forzada espera hasta después del 20-N, para evitar dar alas a la izquierda. Los populares admiten en privado que la oposición ha sido hábil explotando el argumento de que el Ejecutivo sí ha tenido 10 millones de euros para pagar a Acciona los atrasos en el Palacio de Congresos de Palma, pero no para los discapacitados, que han tenido que salir insólitamente a protestar en plena calle. «Es un recurso fácil y demagógico, pero ha calado entre la gente de pie», lamentan en el PP.
El siguiente paso será recopilar los recortes y sumar caso por caso el dinero ahorrado, así hasta llegar a los 700 millones. Por ejemplo, el Ejecutivo incluirá dentro de este pack los 115 millones por el cierre previsto de 92 empresas y organismos públicos.
En otro orden, el capítulo de inversiones, actualmente presupuestadas en unos 440 millones de euros, padecerá una de las mayores estocadas. No será este el caso del Ib-Salut, uno de los pocos departamentos que verá incrementadas sus aportaciones en más de 100 millones de euros, que en consecuencia habrá que estirar de otras partidas. O al menos ese es el compromiso.
