El Govern facilitará la legalización de complejos urbanísticos irregulares

MIQUEL ADROVER | PALMA ­La ley que prepara el Govern para reactivar las urbanizaciones desclasificadas por el Pacto de Progreso en 2008 tendrá muchos más cometidos. Incluirá normas para facilitar la edificación agrícola en suelo rústico y permitirá la legalización de complejos urbanísticos irregulares.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, explicó ayer que la normativa será «mucho más amplia» y no solo se centrará en autorizar los proyectos urbanísticos que el Pacto declaró Área Natural de Especial Interés (ANEI) durante la pasada legislatura.

Gabriel Company aseguró ayer a este periódico que «esta ley todavía se está gestando. Lo que puedo decir es que será mucho más amplia y, entre otras cosas, incluirá normas para que los agricultores no tengan tantos problemas para poder construir sus dependencias en suelo rústico. Debemos fomentar la seguridad jurídica», indicó.

Tal y como adelantó ayer Diario de Ibiza, el Govern trabaja a marchas forzadas para elaborar una norma que derogue la Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo Sostenible que desclasificó siete urbanizaciones de Mallorca y tres de Ibiza (Roca Llisa, Punta Pedrera y Benirràs).

335 millones en Ibiza
Los principales argumentos del Govern para reactivar estas urbanizaciones son las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los promotores de las mismas y que ascienden a 302 millones, y en el conjunto de las islas, a 948 millones de euros. «No nos podemos permitir el lujo de tener que pagar 948 millones de euros. Esto lo tenemos claro en este Govern», declaró ayer el conseller Company a este periódico.

El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio comentó sobre las urbanizaciones que desclasificó el Pacto y que ahora pretenden reactivar que «se está estudiando caso por caso. Queremos tener un documento preparado antes de final de año, pero de momento todo está en fase preliminar».

El pasado lunes se celebró una reunión entre los responsables de Territorio del Govern con los dirigentes de Urbanismo del Consell de Mallorca. En este encuentro se habló exclusivamente de la nueva normativa y de las cantidades millonarias que exigían los promotores de las urbanizaciones paralizadas. Todas ellas estaban ubicadas en suelo urbano y con licencia municipal.

A las reclamaciones en Mallorca hay que unir las urbanizaciones de Roca Llisa, Punta Pedrera, Benirràs y ses Feixes de Evissa, cuyos propietarios reclaman al Govern 335 millones (estos últimos reclaman 32 millones de euros).

La nueva ley urbanística que prepara el Govern, tendrá otros cometidos. Uno de ellos será la legalización de urbanizaciones y parcelaciones en situación irregular. Se trata de complejos que los promotores abandonaron por motivos económicos y que los ayuntamientos no pueden recepcionar por la falta de servicios.