El caso empezó a investigarse en 2008, las diligencias previas son del año 2009 y hoy –después de que, en el mes de junio, un tercer fiscal se hiciera cargo del caso– la Fiscalía de Ibiza suma ya 26 imputados en la trama de compraventa de certificados falsos con los que más de 300 magrebíes podrían haber demostrado tres años de permanencia en territorio español y haber obtenido así, automáticamente y a través del arraigo social, el permiso de residencia, según las estimaciones de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF).

El principal imputado de la trama es Ahmed El A., de origen magrebí pero de nacionalidad española, que entonces regentaba una carnicería en ses Figueretes donde, según la acusación que pesa sobre él, había montado una oficina de expedición de certificados de empadronamiento, de centros de organismos educativos, contratos de trabajo y certificados del Consorcio de Transportes de Madrid, con los que sus compatriotas podían demostrar que, antes de residir en Ibiza, lo habían hecho en otros municipios españoles como Los Molinos, El Escorial, Collado Villalba, Illescas, Guadarrama y Alcázar de San Juan, con lo que ya podían solicitar la residencia en el país. Los compradores pagaban entre 1.500 y 3.000 euros por las falsificaciones.

Los agentes consideran que el delito puede haber continuado y sospechan que con nuevos ´socios´. El principal acusado, que se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros, intentó evadirse de la acción de la Justicia y fue arrestado en el puerto de Tarifa cuando pretendía esconderse en Marruecos después de que se destapara el caso.

Compra de documentos falsos

El resto de los imputados son todos aquellos magrebíes que ha podido acreditarse que compraron documentos falsos para certificar que llevaban más tiempo en el país. Algunos de ellos son considerados por los agentes víctimas del principal acusado, atendiendo a sus escasos conocimientos de los procedimientos españoles para obtener los papeles de residencia.

Al parecer, se llegó a plantear la posibilidad de concederles la residencia legalmente a cambio de su colaboración con la Justicia, algo que no ha podido ser, en principio, por el tiempo que este caso lleva pendiente de resolución. La Fiscalía, además, ha optado por la imputación de los compradores al considerarlos también posibles culpables de un delito de falsedad en documentos oficiales y/o mercantiles por comprar los certificados falsificados.

La complejidad de este caso, más allá de la recopilación de las pruebas con las que demostrar los delitos, radica precisamente en la necesidad de contar con las declaraciones de personas que compraron los documentos, que son asimismo imputados, y la posibilidad de que, a la hora de comparecer ante un tribunal, no reconozcan a Ahmed El A. como la persona que se los vendió.

Declaraciones de los testigos

«Prefiero una buena condena para el que vendía los documentos falsos que condenas para los otros implicados», asegura un agente, que sabe que las testificales serán muy importantes en este caso y conoce por experiencia que, en asuntos de este cariz, los testigos pueden negar en el juicio lo ya declarado si no se sienten protegidos y no obtienen algún beneficio. Lo cierto es que durante la investigación del caso esos imputados han reconocido haber comprado los papeles falsos al principal acusado.

En estos momentos, para que el procedimiento pueda continuar y solventar lagunas probatorias que podrían poner en riesgo la solidez del caso, el fiscal ha solicitado al juez instructor que se ponga en contacto con seis ayuntamientos de Madrid, Ciudad Real y Toledo para que certifiquen por escrito que los acusados no han residido en esos municipios. Asimismo, se solicita la comprobación de que alguno de los acusados no ha estado inscrito en algún curso de lengua y cultura españolas y que algún otro no es titular de la tarjeta de abono de transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, ya que se tiene constancia de que también se vendían certificados falsos de cursos y abonos de transporte para intentar probar el tiempo que los inmigrantes llevaban residiendo en territorio español.

También, en algún caso, se intentaba probar tal extremo presentando certificaciones de haber sido beneficiario de la asistencia de Cáritas Madrid, por lo que se ha solicitado a la ONG que certifique por escrito que esos implicados nunca estuvieron en sus instalaciones.

Finalmente, las últimas comprobaciones han sido solicitadas a la dirección insular de la Administración General del Estado, donde, según confiesan los propios imputados, se presentaron documentos falsos que aún no constan en las diligencias y de los que el fiscal reclama los originales.

Las claves

EL TRÁMITE

Tres años de permanencia en España para lograr la residencia

La compraventa de certificados de empadronamiento falsos permitía que los inmigrantes demostraran tres años de permanencia en España y obtuvieran automáticamente por el arraigo social el permiso de residencia.

EL PRECIO

Los compradores de los papeles pagaban entre 1.500 y 3.000€

Los papeles falsos costaban entre 1.500 y 3.000 euros. La Fiscalía ha imputado también a los compradores un delito de falsedad en documentos oficiales y/o mercantiles.

OTROS MUNICIPIOS

Seis ayuntamientos de Madrid, Ciudad Real y Toledo

El fiscal ha solicitado al juez que se ponga en contacto con seis ayuntamientos de Madrid, Ciudad Real y Toledo para que certifiquen por escrito que los acusados no han residido en esos municipios.