El Supremo obliga a Madrid a abonar 333 millones

MIQUEL ADROVER | PALMA ­El Tribunal Supremo dictó en marzo una sentencia en la que obliga al Gobierno central a pagar 333 millones de euros al Govern correspondientes a los convenios de carreteras de 1998 y 2004. La resolución judicial declara nula la orden ministerial emitida por la entonces ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez, que en 2004 decidió liquidar los convenios de carreteras de Balears paralizando las aportaciones estatales. Álvarez argumentó que en algunas carreteras el Govern Matas había incrementado el presupuesto previsto hasta un 450%.

El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, acusó ayer al Govern de Antich de haber tenido «esta sentencia escondida desde el mes de marzo». Casualmente, el Supremo la dictó a dos mes escaso de las elecciones del pasado 22 de mayo.

Todo se remonta a principios del año 2004 cuando el Govern de Jaume Matas consigue que el ministro de Fomento del PP, Álvarez Cascos, le apruebe el convenio de carreteras estando el gobierno en funciones después de haber ganado las elecciones Zapatero. El Govern pone en marcha toda una serie de obras y en diciembre de ese mismo año se encarga un informe a la Abogacía del Estado con el objetivo de paralizar el convenio de carreteras. La ministra Magdalena Álvarez, en el Congreso, soltó aquella famosa frase: «Ustedes sabrán por qué siempre les salen las obras tan caras en Balears». Álvarez exhibió el informe de la Abogacía del Estado donde explicaba que el Govern había adelantado obras a 2004 que estaban previstas en 2009 y que algunas de ellas habían aumentado su coste hasta un 450%.

Mientras las obras se ejecutaron y culminaron, el Ejecutivo balear interpuso un recurso contra la orden ministerial ante la Audiencia Nacional. En enero de 2008, con el Pacto gobernando en las islas, la Audiencia dictó una sentencia que daba la razón al Govern de Matas y a los argumentos esgrimidos por la conselleria de Obras Públicas dirigida por Mabel Cabrer.

Esta sentencia de la Audiencia fue recurrida por el Gobierno central y también por la Comunitat ante el Supremo. El Govern del Pacto argumentó el recurso en base a garantizar el traspaso del coste de las obras. El Supremo, en la sentencia emitida en marzo de este año, ratifica en todos sus apartados la de la Audiencia Nacional y declara vigente el convenio. Argumenta que la orden ministerial es nula al considerarse que no habían existido modificaciones suficientes del convenio para la liquidación y ordena al Gobierno de Madrid a pagar los 333 millones de euros de las obras contempladas por el convenio de carreteras. La resolución del Supremo es definitiva y no se puede recurrir.