El Govern pagó hasta 900 euros por reunión a 1.600 consejeros de sus empresas

La confesión de otro antiguo miembro del mismo Govern de Francesc Antich despeja las dudas que pudiera haber sobre los motivos de tan intestina lucha: «Cuando llegué a mi despacho para el traspaso de poderes, mi predecesor me dio pocos consejos, pero uno me dejó helado: ´No delegues los consejos de administración de las empresas más importantes: a final de mes son un sobresueldo jugoso´».

Muy jugoso. Ganado sin hacer gran cosa. «El 95% de lo que se aprueba ya lo han preparado técnicos, así que las reuniones raramente duran más de una hora y la mitad del tiempo son saludos y chafardeo», explica uno de los administradores de IB3, escenario durante años de algunos de los consejos más bochornosos de la historia de la maraña pública balear: hasta que la conselleria de Economía de Carles Manera reguló un máximo de 200 euros en dietas por consejero y consejo, en IB3 se pagaban compensaciones «pornográficas».

900 por sesión de una hora

El adjetivo lo pone el propio exconseller Manera, que también viste de cifra el despilfarro: 900 euros por barba en cada sesión de una hora. Y llegó a haber más de una reunión cada mes. A ellas asistían 19 miembros, entre los que, por cierto, estaba el hombre que hoy tiene la misión de adelgazar el Govern y ponerlo a régimen de crisis: el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló.

El límite de 200 euros, acompañado de la prohibición taxativa de que haya más de 13 miembros por patronato o consejo, enfrió la fiesta. Aunque no acabó con ella: todavía hoy los consejos de administración ofrecen un complemento salarial difícil de ganar con menos esfuerzo y, sobre todo, compatible con cualquier otro sueldo público. Y esa es una de las claves. Porque la ley que prohíbe que nadie cobre dos salarios de la Administración olvida las ganancias que se reparten en dietas en los consejos.

Más de 1.600 administradores

Hay de todo, aunque la historia de excesos ruboriza a todos los consultados que las cobraron y las cobran. La inmensa mayoría son políticos, aunque también se cuelan en los patronatos y consejos de administración o dirección de las 166 empresas del Govern funcionarios y algún que otro sindicalista. En total, miles de personas. Y unos cinco millones de euros por legislatura. Lo confirman en la propia conselleria de Economía, en la que explican que todas las empresas públicas tienen patronato, consejo de administración o consejo de dirección. Y en ellos hay entre 7 y 13 administradores.

En las treinta mayores empresas son pocos los casos en los que el número de participantes baja de trece, por lo que no es ni mucho menos descabellado ponerle una media de diez asistentes a cada consejo, que pasan por caja como mínimo una vez al mes (aunque llegó a haber casos de consejo de administración semanal). Así que la cuenta es fácil: 166 consejos por diez miembros de media son 1.660 administradores. Que no es lo mismo que 1.660 dietas al mes, porque en algunas empresas ya no se pagan dietas y en otras los nombres se repiten machaconamente.

Hay una explicación técnica. Todas las empresas están presididas por el conseller del departamento al que están adscritas. Y además, en las reuniones ha de participar siempre un representante de la Abogacía y otro de la Dirección de Presupuestos (Hacienda). «Eso lo instauramos nosotros. Tiene un sentido, que no es cobrar dietas, aunque se cobren: permite controlar lo que ocurre en los consejos y que la conselleria responsable de las cuentas esté siempre informada. Eso no era así antes, cuando encima había más administradores. Así que a veces se generaba deuda que desconocía el Govern, que después tenía que asumirla. Para que no ocurra, siempre hay alguien de Economía. Pero a mis chicos les tenía prohibido cobrar más de 50 euros por dieta, y yo nunca fui a los que mejores dietas daban», aclara Manera, que sabe que su límite de 200 euros le granjeó una buena cosecha de enemigos: «Me tuve que poner muy duro».

¿Por qué? ¿Tan doloroso es renunciar a una dieta cuando se está cobrando ya un sueldo público? Pues según las reacciones airadas que describe Manera, sí. Y eran y son muchas las carteras que engordaban y engordan con los euros fáciles de los consejos. Porque más allá de los miembros fijos citados, el reparto de sillas se hace en función de la representación conseguida en las urnas. El elegido puede ser un militante, un amigo del conseller, el primo de un dirigente, un exalcalde derrotado, una vieja gloria del partido, un sindicalista temido o un periodista al que adocenar. Quien sea. No hay restricciones en el reparto de sillas, que beneficia a todos los partidos con representantes electos.

«Un gasto menor»

En los últimos ocho años, el mismo PP que ideó y fundó la mayor parte de las empresas se destacó como la formación que más llenó el carro de las dietas, seguido por PSIB, UM y la entente que conformaba el Bloc (PSM, EU y compañía). Cada cual tiene su cuota. Y cada cual lustra unos bolsillos, como hacen también los sindicatos, que en algunos casos cargan contra la «merienda de negros» de los consejos (UGT y USO comparten expresión), pero en otros le quitan hierro a un gasto que creen «menor»: «El problema público no está en las dietas, eso es un gasto menor. No creemos que sean un sobrecoste excesivo. Es algo simbólico. Nuestros representantes en este tipo de consejos, además, no cobran las dietas como ingreso personal, sino que lo entregan al sindicato», explica el portavoz de Comisiones Obreras.

Tuerce el gesto en cambio el líder de USO, David Díaz, que no entiende la existencia de estas dietas. «Es una aberración», se indigna. «Los que participan en los consejos ya tienen la mayoría sueldo público. Y cuando hay sindicalistas, igual: los sindicalistas cobran como liberados o con las horas que les ceden los compañeros para que les representen. Sé que a alguno le va a sentar mal, pero ponlo así: es una vergüenza y un insulto que se paguen esas dietas, y más cuando ya suena la música de que hay que recortar plantilla en las empresas públicas. No es aceptable que se pagasen las burradas de IB3 o que den más de 500 euros por sesión en la Autoridad Portuaria», analiza Díaz, que tiene con las dietas la misma idea que con los altos cargos: si hay recortes, han de empezar por políticos y consejeros. Le dan la razón en UGT, cuyo líder de función pública, Miguel Ángel Romero, exige que antes de aligerar plantillas «se redimensionen los consejos y las sillas calientes de gestión política».

IB3 esconde sus dietas

¿Lo hará el presidente José Ramón Bauzá? De momento el Govern actual no ha dicho nada al respecto, más allá del genérico compromiso con la austeridad que el PP ha convertido en hilo conductor de la campaña que le ha llevado al poder. Lo que está claro es que margen para pasar la tijera tienen. Basta ver las memorias de las veinte mayores empresas públicas del Govern para entender la magnitud del dispendio. O para ver parte del problema, porque no todas las empresas públicas se dan a la transparencia con la diligencia debida: curiosamente, las únicas cuatro que no ofrecen en sus cuentas el detalle del gasto en consejos son justo las relacionadas con IB3 y sus consejos pagados a precio de oro. La omisión es tan flagrante que coinciden en denunciarla la Sindicatura de Comptes y las auditorías externas de las cuentas que firmó el anterior director general del ente, Antoni Martorell.

221.893 euros al año en Ports

Era la etapa de los 900 euros por sesión y pesebre. Para encontrar algo comparable hay que irse a Ports de Balears: en sus últimas cuentas disponibles, las cerradas a 31 de diciembre de 2009, la empresa reconoce que gastó en un año en premios a su consejo 221.893 euros, a razón de 10.566 euros por cada uno de los administradores, entre los que, por cierto, figuraba el conseller de Vivienda de Antich, Jaume Carbonero.

Tampoco ejercieron de balde los consejeros de la empresa Abaqua (la de las depuradoras), que pese a gestionar una de las empresas más endeudadas (298 millones) se llevaron 127.567 euros en dietas en 2008 y otros 104.261 en 2009: 231.700 euros en dos años que le dejaron de media a cada abnegado consejero de a hora la reunión 9.628 euros extra. .

Aunque esos son los tres casos más sangrantes, porque en el resto de las grandes empresas el descontrol se redujo en los últimos años: mientras el Ibavi repartía 22.885 euros en dietas en 2009, la agrícola Semilla daba 16.462, Inestur primaba a los suyos con 13.819 euros de sobresueldo, que en el Consorcio de Transportes se elevaban a 14.478 euros entre seis consejeros (130.000 pesetas por administrador). Y así hasta 166 empresas públicas.

Los pocos que no cobran

Hay honrosas excepciones: muchos de los consorcios no pagan un euro, del mismo modo que se ahorran la retribución al consejo en fundaciones como la que gestiona el hospital de Inca y en empresas públicas que en el pasado fueron la imagen del dispendio y en la última legislatura eliminaron las dietas. Es el caso del Instituto de Innovación Empresarial de Illes Balears (IDI), que bajo la gestión de la consellera Vives (PSM) dejó las primas por asistencia en cero euros.

Pese a ello, el ejemplo solo se repite entre las grandes en el Ibisec (empresa que se dedica a construir colegios pero saltó a la fama por haberle servido al expresidente Jaume Matas para camuflar el pago al arquitecto Santiago Calatrava de la maqueta de la ópera). Por eso no extraña que entre las 18 mayores empresas sumen 535.000 euros al año en dietas a consejeros, a los que habría que sumar los euros que no detallan las otras 140 sociedades del Govern más pequeñas y las primas que esconden en sus memorias de 2009 las cuatro sociedades de IB3. Y no extraña que lo oculten: a 900 euros por barba, cada sesión del consejo les salía por 17.100 euros, que multiplicados por una veintena de citas al año da una cifra de 342.000 euros.