El Consell Assessor de Dret Civil de Ibiza y Formentera manifestó ayer a través de un comunicado que la reforma legislativa que se promueve en Mallorca desde su organismo homólogo balear «no es un Código Civil balear», sino que se trata únicamente de «una ley que tiene por objeto la regulación del régimen económico-matrimonial».
El Consell pitiuso asegura que «no se pretende derogar el Libro III» de la compilación sobre Derecho Civil aplicable en Ibiza y Formentera, «que se mantienen en su estructura y en su contenido». En consecuencia, se mantienen las figuras propias, «como las herencias y el resto del Derecho Sucesorio» propio de las Pitiusas. Añade que este se mantendrá «en su plenitud, así como sus principios».
Asimismo, para conocer el fondo de la nueva legislación que se prepara sobre régimen económico-matrimonial, el Consell informa de que ha pedido la presencia en Ibiza del presidente de la comisión asesora balear. «En su momento», asegura, «el Consell Assessor manifestará su parecer sobre el contenido del borrador de la mencionada ley», en cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas por ley.
Y es que el organismo pitiuso tiene, entre otras, la misión de «emitir su informe en cualquier proposición de ley o disposiciones administrativas o reglamentarias que afecten formal o sustancialmente el régimen jurídico de las instituciones propias del Derecho Civil de Ibiza y Formentera». Asimismo, está entre sus atribuciones la de «revisar los textos legales aplicables» en ambas islas en relación a su normativa civil.
El Consell Assessor emite esta nota a raíz de las denuncias realizadas por varios juristas de las islas que aseguraban que desde Mallorca se está orquestando una maniobra para «diluir el derecho autóctono de las Pitiusas». Según sus temores, la Comisió Assessora balear impulsa un Codigo Civil único que contemplaría como «excepcionalidades» las figuras legales propias de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. Además, impondría la aplicación del Derecho Civil de la mayor de las Balears en caso de omisión de derecho, cuando ahora se aplica el Código Civil español.
Esta denuncia iba acompañada de la advertencia de que, de consumarse este cambio legal, se generaría en los juzgados pitiusos un caos «total», dado que el derecho foral mallorquín «es totalmente desconocido» en Ibiza y Formentera y tiene un carácter mucho más rígido que el régimen autóctono.
