El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, reconoció anteayer en el Club Diario que la justicia española tiene un «problema crítico» de agilidad. «El sistema procesal prevé tantos trámites y recursos que un asunto puede alargarse demasiado en el tiempo», señaló ante el centenar de personas que asistieron a la conferencia sobre cambio y transformaciones en la administración de justicia, organizada por el PSOE-Pacte per Ibiza. «Recurso, apelación, casación, Tribunal Constitucional, Tribunal de Estrasburgo… Solo queda el juicio final. Y creo que verán antes el juicio final que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo», ironizó Caamaño, que destacó la necesidad de «racionalizar» el uso de los tribunales.
Precisamente para agilizar el funcionamiento de la justicia explicó que el Gobierno pretende aumentar notablemente la cuantía mínima para que determinados procesos puedan ser recurridos en casación ante el Tribunal Supremo. «No estamos haciendo una justicia para ricos», aclaró el ministro, que defendió este caso con el fin de ganar celeridad y proteger más el interés de quienes han visto reconocido su derecho por los tribunales. En este sentido, explicó que en estos momentos, en un litigio, quien más recursos tiene parte de una posición de ventaja para poder alargar el proceso y dilatar su resolución. «Cualquier sentencia de un tribunal es imparcial, pero con mucho retraso sigue siendo imparcial pero no neutral», indicó. «La justicia debe ser neutral desde el punto de vista económico», insistió Caamaño, a quien presentó la consellera balear de Justicia, Pilar Costa.
El ministro reconoció que la justicia en España es actualmente un «congelador» económico, ya que mantiene «paralizados demasiado tiempo» muchos recursos. Además, el ministro señaló que el Tribunal Supremo «no puede ser» un tribunal de tercera instancia porque su función primordial es unificar los criterios de interpretación de las leyes para que se apliquen de la misma forma en toda España.
Entre las reformas pendientes Caamaño destacó la necesidad de acabar con la figura del juez instructor, que, según recalcó, solo se mantiene en España, después de que Francia haya decidido también eliminarla. En su lugar serían los fiscales quienes tendrían a su cargo la instrucción de los sumarios. También abogó por potenciar la mediación para reducir el número de casos que saturan los juzgados. «En España no hay cultura de mediación», señaló el ministro, antes de afirmar que confía en que el Senado apruebe la ley de mediación y arbitraje que ya ha aprobado por unanimidad el Congreso.
Modernizar la justicia
Caamaño calificó de «revolución silenciosa» los cambios que se están haciendo en la justicia y confesó que para ponerlos en marcha ha tenido que «cerrar los ojos de jurista y abrir los ojos de gestor». Para modernizar el sistema judicial, explicó, se está poniendo en marcha la nueva oficina judicial, que ya funciona en varias capitales españolas y que confía en que llegue a Palma durante el segundo semestre de este año. Esta nueva organización de la oficina judicial modifica por completo una estructura que se creó en el siglo XIX. «La Constitución de Cádiz, de 1812, no es el mejor modelo judicial para el siglo XXI», indicó. La nueva oficina judicial se basa en cambiar el viejo concepto de que cada juzgado sea un compartimento estanco con un juez, un secretario y siete u ocho funcionarios. La nueva organización, apoyada en gran medida sobre las nuevas tecnologías y los documentos electrónicos (que podrán incorporar archivos de sonido e imagen) crea tribunales de instancia con diversos jueces y una estructura administrativa común con unidades especializadas que está al servicio de todos ellos. Así se logra una tramitación «más clara» para el ciudadano, se aumenta la eficiencia de los juzgados y se evita, por ejemplo, enviar por correo una comunicación de un juzgado a otro que se encuentra en el mismo edificio, como señaló que puede ocurrir ahora. Además, añadió que tanto jueces como funcionarios podrán hacer carrera profesional en la misma oficina, por lo que se prevé que las plantillas se estabilicen.
Sin embargo, el ministro puso especial énfasis en que la gran reforma pendiente de la Administración de justicia en España es la que afecta al proceso penal, con la necesaria modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el setenta por ciento de los procedimientos que tramitan los juzgados y tribunales españoles son causas penales, y las reformas emprendidas para agilizar y modernizar solo afectan al treinta por ciento restante.
