El Ayuntamiento de Ibiza prevé desalojar a las dieciséis familias que actualmente residen en alguna de las viviendas de la manzana comprendida entre las calles Alt y Retir antes del próximo verano, una vez que el Consell, a través de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico (Ciotupha) haya aprobado las expropiaciones que han de llevarse a cabo antes de la rehabilitación del barrio.

«El Consell de Ibiza calcula que en el mes de mayo tendrá aprobada definitivamente la expropiación de esta unidad de actuación (UA27)», indicó el concejal de Núcleo Histórico, Marc Costa, que apostilló que a partir de ahí se prevé que «para el mes de junio o de julio» ya se podrán iniciar los desalojos y ocupar la zona.

Las expropiaciones afectan a 44 «infraviviendas de unos 22 metros cuadrados», que se encuentran «en situación marginal desde el punto de vista urbanístico», indicó Costa. De los 36 propietarios a los que se pagarán indemnizaciones por un importe total de 2,8 millones de euros, solo tres continúan viviendo en el barrio. Además de ellos hay tres familias más que residen con contrato de alquiler y al menos diez que están en situación irregular, lo que hace un total de 54 personas, según Costa, que deberán ser desalojadas.

Para los tres propietarios y los tres arrendatarios, Vila les ha de ofrecer otra vivienda de las mismas características en otro lugar para que continúen en alquiler unos o puedan adquirirlas otros, según su situación, detalló Costa, un trabajo que ya están haciendo, dijo.

Por su parte, para las otras diez familias que están ocupando las casas de manera irregular se ha elaborado un plan social para poder atenderles y darles alternativas, pues no tienen derecho a recibir alguna de las compensaciones determinadas en el proceso de expropiación, explicó la alcaldesa de Ibiza, Lurdes Costa. Se trata de familias «muy vulnerables, con hijos pequeños a su cargo y con todos o la mayoría de sus miembros en paro, y aunque no tengan derecho [a esas compensaciones] no las podemos dejar de un día para otro sin trabajo, sin casa y en la calle», comentó Costa.

50.000 euros para alquileres

A este respecto, la junta rectora del Consorci Patrimonio de la Humanidad acordó ayer por unanimidad, como el resto de asuntos del día, destinar 50.000 euros para ayudar a estas familias a pagar el alquiler de sus nuevas viviendas, con la condición de que participen en un programa de acompañamiento que correrá a cargo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Estas familias podrán recibir hasta 650 euros mensuales con un máximo de 9.000 euros por cada una «mientras resuelven de una manera más definitiva su situación», indicó la alcaldesa.

El concejal de Núcleo Histórico detalló que quienes quieran acogerse a la ayuda deberán presentar una serie de documentación. Después se les elaborará un plan de acompañamiento específico, en el que se hará especial incidencia en la atención de las necesidades de los niños más pequeños. «Son familias que tienen a veces dificultades de inserción», destacó el edil, que matizó que no se trata de tutelarlos, sino de acompañarlos, pues han de tener «la voluntad y la capacidad» de insertarse y ellos mismos han de buscarse vivienda a alquilar, entre otras cosas.

Precisamente, Costa resaltó que el plan social se pondrá ya en marcha para que cuando se ocupen estas viviendas, el trabajo con los residentes esté ya avanzado. Preguntado sobre si tienen disposición de irse, el concejal dijo: «Deberían estar en disposición de colaborar y de trabajar en el plan de acompañamiento». Según Costa, ya «hace tiempo» que los vecinos de esta manzana «están viendo movimientos», que se van a producir cambios, y las trabajadoras sociales han ido informándoles de la situación. «Han sido notificados, se ha hecho inspecciones en las viviendas», comentó en referencia a que el desalojo no les pillará desprevenidos.

Asimismo, pese a la conflictividad de esta manzana en concreto de sa Penya, costa puntualizó que los procedimientos se están llevando a cabo con «normalidad absoluta» y con la coordinación de los Servicios Sociales, que tienen «muy trabajada la realidad social» de esta zona.

44 infraviviendas

El proceso de expropiación de sa Penya afecta a un total de 44 infraviviendas de unos 22 metros cuadrados, algunas de las cuales han sufrido desperfectos. En ellas viven actualmente 16 familias: diez de manera irregular, tres en régimen de alquiler y tres en propiedad. Junto a estos últimos, hay otros 33 dueños que no residen en ellas.