La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, Carmen Robles, ha acordado que la secretaria del Ayuntamiento de Sant Josep, María Domingo, y el aparejador municipal, Julio Blanco, declaren como imputados en la causa abierta por la carpintería Alba. La defensa de los vecinos de la zona de es Pujols, que es la que pidió la imputación de ambos, justifica que de los informes técnicos aportados a la causa «se infiere claramente que la secretaria y el aparejador municipal no solamente no advirtieron de la ilegalidad de permitir la legalización de la industria, sino que en sus informes avalaron el incumplimiento de los términos de las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Balears».
El abogado de los afectados, Eduard Clavell, apunta además en su escrito que los nuevos imputados «pudieron haber cometido un delito de falsedad al asegurar, por un lado, la carpintería cumplía con todos los parámetros urbanísticos, y, por otro, que la actividad existía con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Urbanística».
Inicialmente, el juez ya había cerrado la fase de instrucción del caso y la Fiscalía había presentado escrito de acusación contra el exalcalde, José Serra Escandell, en el que pide una condena de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación.
Vuelta a la fase de instrucción
Sin embargo, la defensa de los afectados recurrió el cierre de la instrucción (aún no se había decretado la apertura de juicio oral) ya que no había tenido acceso a los informes técnicos que se aportaron a la causa en el último momento y que se entregaron a la Fiscalía con el resto de la causa para que ésta pudiera formular el escrito de acusación. Estimada la petición del abogado de los vecinos, la causa se retrotrae a la fase de instrucción a la espera de la declaración de los dos nuevos imputados.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público mantiene que la legalización aprobada en 2001 de las obras efectuadas en la carpintería no podía haberse producido sin la previa declaración de interés general del Consell. No obstante, la Comisión de Gobierno de Sant Josep aprobó legalizar la industria tras acreditarse la compra de un terreno adyacente, cuya superficie, unida a la propiedad de aquella, permitía la edificación que desde el año 1991 se había mantenido de forma ilegal. Anteriormente, el Consistorio había ordenado la demolición de las obras sin licencia y rechazado la petición de licencia de actividad por no ajustarse a la legalidad. Ambas denegaciones fueron recurridas en los tribunales, cuyas sentencias en primera y segunda instancia avalaron la actuación del Consistorio.
A pesar de ello, el fiscal recuerda que el exalcalde era «totalmente consciente y conocedor» de que el propietario de la carpintería siguió explotando la edificación ilegal causando además «problemas al vecindario por ruidos y otras causas». Recuerda que «en múltiples ocasiones» los afectados habían comunicado a Serra Escandell los problemas que generaba la actividad ilegal y que «pese a ello y conocer que su obligación como alcalde era, por un lado, proceder a la continuación o iniciación del expediente de protección de la legalidad urbanística y, por otro, detener y sancionar una actividad que se estaba ejerciendo sin licencia, toleró la continuación de la misma en el mismo edificio de una forma caprichosa e irrazonada por motivos desconocidos y que contrastaban con la firme actuación de cumplimiento de la legalidad llevada a cabo hasta entonces».
«Debía estar demolido hace tiempo»
La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que el exalcalde, José Serra Escandell, permitió la legalización de las obras de la carpintería, que además funcionaba sin licencia de actividad, «a pesar de que sabía que hacía tiempo debía estar demolida si él hubiera cumplido con los mandatos claros del ordenamiento jurídico y las sentencias que así lo refrendaban». Aparte de la pena de inhabilitación contra Serra Escandell, el Ministerio Público solicita que se proceda a la declaración de nulidad de la legalización del edificio, ordenándose la demolición del mismo y de la licencia de actividad dada. En este sentido, el fiscal pide que cualquier gasto o indemnización que pueda generar al Ayuntamiento de Sant Josep corra a cargo del exalcalde.
