Un total de seis agentes de la Guardia Civil se han visto salpicados por la operación Benimussa, si bien tan solo dos de ellos estaban ayer detenidos y habían sido puestos a disposición judicial, pues los otros cuatro declararon ante los investigadores y quedaron en libertad, aunque se encuentran imputados, indicaron fuentes próximas a la investigación.

Los dos guardias civiles que están detenidos son un hombre y una mujer. El primero, como ya se informó ayer, es un agente del puesto de Sant Antoni que supuestamente se dedicaba al tráfico de drogas al menudeo y podría estar vinculado a un grupo asentado en sa Penya, al que se acusa, además del delito contra la salud pública, de revelación de secretos y omisión del deber de impedir delitos. La segunda fue arrestada el miércoles por la tarde y se cree que también está «implicada», aunque en un grado menor que el anterior, pues no se dedicaría al tráfico.

Por su parte, los otros cuatro, implicados gracias a las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, son consumidores de drogas y, por tanto, se les imputa por haber incumplido su obligación de denunciar delitos, pues aunque en España la ingesta no está penada, en su caso lleva consigo saber que se está produciendo un acto de venta.

En total, la operación Benimussa se ha saldado con 23 detenidos, de los cuales nueve han sido puestos en libertad directamente por los investigadores tras tomarles declaración. Entre ellos, hay algunos encubridores de delitos. «Es gente que sabe cosas y no lo ha puesto en conocimiento de la Justicia, y eso es un delito», señalaron fuentes próximas al caso.

Incomunicados en el juzgado

El resto, 14 personas, fueron puestas a disposición judicial en la tarde de ayer. A su llegada a los juzgados, se las repartió por diferentes estancias e incluso varias se quedaron en la calle dentro de los furgones policiales para evitar que pudieran comunicarse. Entre ellas estaban los dos presuntos autores materiales del asesinato, uno de los cuales admitió lo sucedido ya cuando prestó declaración ante la Guardia Civil, aunque trató de exculparse. Así, dijo que él estuvo presente, pero que quien mató a Del Río Cardona fue el otro sospechoso, según fuentes de la investigación.

Se da la circunstancia de que uno de estos dos individuos podría estar emparentado con el hombre que planeó y encargó el asesinato del joven taxista José Clapés, según fuentes de la investigación. El cuerpo sin vida del joven se encontró totalmente carbonizado en el taxi que conducía el 3 de febrero de 1995 en la zona de Sant Mateu. La investigación determinó que José Roig, un ibicenco de 53 años, pagó a dos jóvenes para que mataran al entonces compañero de su exmujer, que solía conducir ese taxi y aunque en el momento del crimen ya sabían que se equivocaban de persona, según la sentencia, continuaron adelante.

A última hora de la tarde de ayer habían prestado declaración ante la juez Carmen Robles, responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, cuatro arrestados: los dos supuestos autores del crimen (J. R. P. y F. A. A.), un presunto encubridor (F. M. C. F.) y la guardia civil (A. M. G.).

En cuanto a los dos primeros, la juez ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de ambos. J. R. P. está imputado por un delito de asesinato y F. A. A. por otro de asesinato, uno contra la salud pública y un tercero contra el patrimonio, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en un comunicado. Para F. M. C. F., que está acusado de asesinato y tráfico de drogas, decretó el ingreso en prisión eludible con fianza de 2.500 euros, mientras ordenó la puesta en libertad provisional de A. M. G. acusada de los delitos de revelación de secretos y de omisión de su deber de perseguir delitos.

Asimismo, la juez de guardia prorrogó el plazo de detención de los 10 arrestados restantes y se espera que presten declaración a lo largo de la jornada de hoy, señalaron las mismas fuentes del TSJB.

Las diligencias que han dado lugar a esta operación, abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza –que las mantiene bajo secreto–, se iniciaron en septiembre de 2010 a raíz del asesinato de Del Río Cardona, cuyo cadáver apareció en la zona de Benimussa. Los agentes descubrieron que su muerte se debió a un ajuste de cuentas por quedarse con una partida de cocaína y dinero, lo que llevó la investigación al tráfico de drogas y después también a los robos violentos en viviendas. El caso aún continúa abierto.